Mucha comezón le dio a funcionarios y ex funcionarios de primer nivel, y a uno que otro colado, tras la información publicada en páginas del diario Reforma –a la postre socio estratégico de NTR Medios de Comunicación–, acerca de las cantidades de dinero (enormes, dirán algunos) que, como bonos de productividad, de eficiencia, compensaciones o cualquier otro nombre que se le antoje, recibieron del gobierno, al menos durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes.

La información exhibida reveló, tal como lo ha especificado ya el mismo Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), nombres de funcionarios públicos de primer nivel y de otras personas que habrían recibido, en el acumulado del sexenio anterior, más de dos mil millones de pesos del erario público.

La respuesta no se hizo esperar, y fueron varios los personajes de esa lista que brincaron para declarar, enérgicamente, que esas cantidades eran erróneas o falseadas; señalaron, como blanco de sus reclamos, a la ex candidata de Morena a la alcaldía zacatecana, Soledad Luévano Cantú, y la indiciaron directamente como responsable de la presunta tergiversación de la información otorgada por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Pero lo más curioso, es algo en lo que coincidieron quienes reclamaban la presunta treta mediática: que de ninguna manera recibieron, en ningún momento, nada que fuera considerado ilegal. ¿Y quién había dicho que fueran ilegales esos bonos?

Más aún, hubo quien se empeñó en asegurar, una y otra vez, que era falso que se hubieran entregado esas cantidades de dinero, que los bonos no existían y que lo único que cobraron fue su sueldo nominal que, por cierto, también aseguran no era ni estratosférico ni oculto. Y por supuesto, negaron –y siguen negando– que haya existido jamás la famosa nómina secreta. ¿Mintió entonces la Secretaría de Finanzas al entregar la información sobre “Bonos de productividad y eficiencia” al Izai?

Ayer mismo, por la tarde, el Instituto a cargo de Norma Julieta del Río Venegas emitió un comunicado para precisar que, luego de que en reiteradas ocasiones se le solicitara esa información a la Sefin, y ante la negativa de ésta a proporcionarla (que derivó en una multa no especificada), finalmente el 6 de abril pasado la Sefin entregó un disco compacto que contenía un archivo, cuya información “se presentó sin títulos, sin membrete, sin desagregar datos y sin especificar la periodicidad de los pagos”.

¿Cómo es que reclaman entonces que no se trate de información oficial, si primero no la muestran como tal?

A partir de todas estas circunstancias, de la premura por tratar de contestar a los cuestionamientos, de la falta de identificaciones en la información proporcionada, de los derivados señalamientos de que se trata de revanchas personales o políticas, la verdad es que nos quedan más dudas a los ciudadanos. O más bien, nos queda una sola duda: ¿quién está mintiendo?

Por lo pronto, el Izai ha declarado que ellos son sólo un puente para hacer que los sujetos obligados entreguen la información pedida por los ciudadanos.

Y que lo que los ciudadanos hagan con ella, es su asunto y su problema.

El tema de la nómina secreta, compensación, bonos de productividad y eficiencia (cualquier cosa que eso signifique), o como le guste llamar, no es un asunto irreal, ni desconocido, ni menor, ni ilegal, pero sí de interés público sobre cómo el gobierno en turno dispone de los recursos del pueblo.

Es simplemente la revelación de cómo, con la aprobación del Legislativo –porque pasa por sus manos en el Presupuesto de Egresos– distribuyó más de dos mil millones de pesos entre ellos.

Y de qué tan grande es la discrecionalidad con la que una sola persona, el gobernante en turno, decidió cuánto y a quién darle dinero público, no como pago de salario, sino sabrá Dios por qué “productividad y eficiencia”.

Si las razones eran para diferenciar salarios o sueldos de otros ingresos con fines fiscales (vaya usted a saber para qué), será tema que los expertos en finanzas tendrán que explicarnos a los simples mortales.

Y sin embargo, a pesar de todo lo legal, aprobado y presupuestado que sean, a la sociedad simplemente nos queda el mal sabor de boca de que se trata de prebendas inmorales, a criterio del gusto personal del gobernante, y sin que haya resultados tangibles que los justifiquen.


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