ALBERTO CHIU | NTRZACATECAS.COM
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Ayer, en el Congreso del Estado, se tocó un tema que deja mucho sobre qué pensar acerca del por qué, a pesar de que haya procedimientos de investigación sobre anomalías en el actuar de funcionarios públicos de todos los niveles, no hay hasta el momento ni una sanción de la que se conozca con claridad. Vamos, pues, que aunque la Auditoría Superior del Estado haya encontrado irregularidades, y que éstas merezcan un castigo, todo ha quedado en el limbo. Eso, sin duda, es corrupción que genera impunidad.

Muchas veces lo hemos platicado en cafés, en los pasillos de oficinas, en contertulias de amigos: son los mismos funcionarios quienes se sienten luego con la confianza de torcer los procedimientos, que al fin y al cabo saben que poco –o nada, en realidad– se hará en su contra. Son ellos mismos quienes propician, cometen y no sancionan las irregularidades.

Ya hablar de una cifra de casi tres mil funcionarios que no han sido sancionados porque en la Legislatura estatal no se han dictaminado sus casos, habla por supuesto de una falta enorme de trabajo legislativo (ése que tanto presumen y no se ve), y una omisión increíble que, al mismo tiempo, ha hecho cómplices a los diputados de todas las legislaturas anteriores, sobre todo a quienes les ha tocado trabajar en la Comisión Jurisdiccional legislativa.

Por supuesto que no todos los casos serán igual de graves entre sí, y estoy seguro que algunos ameritarían tan sólo una amonestación ya sea pública o privada, pero también creo que entre ésos más de 2 mil 800 casos no dictaminados hay alguno que otro que ameritaría tal vez una inhabilitación para ser funcionario público por uno, dos o más años. O sea, para que no siga cometiendo las mismas ilegalidades en el servicio público.

Esa impunidad con la que los funcionarios se conducen luego, al ver que históricamente no hay sanciones que les afecten, me parece que se convierte en un aliciente para “caer en la tentación” (por decirlo de algún modo) de hacer lo que les venga en gana, aprovecharse de los recursos públicos, y dejar en el olvido las necesidades y requerimientos más apremiantes de la población a la que, irónicamente, dicen representar o servir.

Ahí caen tanto alcaldes como regidores, funcionarios municipales y estatales de cualquier nivel y, por qué no, seguramente también las oficinas de las distintas gubernaturas que hemos tenido para bien o para mal en Zacatecas. Pero de todos, no hay una sola sanción, un solo castigo.

Para los asiduos a las redes sociales, ha sido común, incluso, encontrarse con publicaciones de mexicanos que, tomando ejemplos de otros países, comparan cómo es que en esas naciones los funcionarios se abstienen de esas “tentaciones” porque saben que el castigo es implacable. Y vaya que hay ejemplos de castigos desde los más justos (inhabilitaciones, expulsión de partidos políticos, o cárcel), hasta los más extremos y anacrónicos (los azotes, la exhibición y denostación pública, o incluso la muerte).

Aquí, ni unos ni otros. Si acaso, a lo más que llegamos es al señalamiento menor entre los amigos, entre quienes estuvieron cerca de esos funcionarios y servidores mientras estuvieron en el poder, y se les da toda clase de calificativos… pero sólo en las pláticas. Que si fulano o mengano son unos rateros irredentos, que si sutano es un corrupto cacique, que si tal o cual es un tal por cual… pero hasta ahí.

Si ese señalamiento que hicieron ayer en el Congreso no lleva a la práctica la dictaminación al menos de lo más reciente, ahora que vivimos en una “etapa de transparencia y rendición de cuentas”, nos quedaremos sólo ahí, sin pasar a una “etapa de aplicación de la justicia” para quienes han corrompido el servicio al pueblo.

Como siempre, luego nuestros diputados se esmeran en hablar y hablar… pero no en pasar a los hechos. Así que ya que lo dijeron, esperemos lo respalden en las acciones concretas. A menos, claro, que sólo quieran darnos más atole con el dedo. Como suele suceder.

 


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