ALBERTO CHIU | NTRZACATECAS.COM
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A pesar de que en nuestro sistema legal se maneja constantemente –hasta el cansancio– la frase de que “la justicia debe ser pronta y expedita”, las condiciones reales en que se lleva a cabo esta función pública nos dicen que es todo lo contrario: se realiza con mucha lentitud y parece encontrarse con un montón de obstáculos que se oponen a lo que reza formalmente la ley.

Tal como lo señaló en entrevista con NTR Medios de Comunicación el experto criminólogo Pedro Velazco Cruz, único mexicano miembro de la Asociación Internacional de Criminólogos Forenses de Norteamérica (IAFC, por sus siglas en inglés), la impartición de justicia en nuestro país se ha visto enormemente rezagada en el curso de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio-adversarial, o de “juicios orales”, como le conocemos.

Sobre todo, por los propios rezagos que tienen las corporaciones policiales en sus funciones y preparación, así como por los retrasos en las prácticas forenses, las de investigación de los crímenes, lo que explica por qué la investigación sobre muchos de los delitos que hemos visto cometidos en los últimos años no avanza, o en muchos casos se queda totalmente estancada.

Lo resume en un concepto: falta de educación. Recientemente hemos sido testigos de cómo las corporaciones policiacas se quejan generalmente de los mandos medios y superiores, de sus condiciones precarias de trabajo, extenuantes jornadas de servicio y deficientes beneficios para ellos. ¿Será también ello parte de esa falta de formación? No lo dudo.

Y es que la actividad policial y de investigación en el campo y en el laboratorio forense requiere de herramientas completas y suficientes para que quienes desempeñan esas labores puedan rendir frutos a la sociedad. Sin ello, seguimos viendo cómo muchos policías –no todos– se quedan a medias o se conforman con hacer lo mínimo, pues dicen no contar ni con las herramientas ni con el respaldo de sus jefes. Y ahí está otro problema mayúsculo para la sociedad.

Hay que reconocer que no hay condiciones equitativas ni al interior de las corporaciones para todos sus miembros, ni entre las distintas corporaciones, y luego por eso vemos cómo unos se lamentan de que a cierta corporación policiaca la traten mejor que a otra, como si hubiera niveles de distinción, cuando en realidad su función básica es la misma: servir y proteger a la ciudadanía, en los distintos ámbitos, jurisdicciones y tareas que le toca a cada una de ellas.

Si el nuevo sistema de justicia penal no ha permeado todavía en las corporaciones, y vemos deficiencias en el seguimiento de los protocolos debidos para una detención, para recabar indicios, para llenar expedientes, para hacer investigación de campo, para proporcionar datos de inteligencia estratégica, es por la misma razón: falta de educación. O en otras palabras, falta de capacitación. Técnicas y herramientas, claro.

Y si a ello le agregamos que encima están cuestionados los exámenes de control de confianza, la propia instancia que los aplica y los mandos que los ordenan y los discriminan, es comprensible que ni los propios elementos de policía –de cualquier corporación– tampoco tengan confianza en ellos… ni ganas de someterse a ellos, ni intenciones de capacitarse más.

Claro que no es excusa, como tampoco lo es el poco o mucho presupuesto que se pueda destinar a ello, a la seguridad de los zacatecanos, pero sí es una razón plausible que nos pone a pensar a muchos zacatecanos cuándo carambas terminará esta ola de violencia, si quienes nos protegen no están suficientemente preparados para hacerlo.

Ojalá que más pronto que de costumbre quienes tienen la alta responsabilidad de esta rama del gobierno, desde la secretaria general Fabiola Torres Rodríguez, hasta el de Seguridad Pública, Froylán Carlos Cruz, y por supuesto el gobernador Alejandro Tello, pongan atención no sólo a las manifestaciones que hacen los policías, como la del fin de semana pasado, sino a las condiciones reales en que trabajan y lo que el gobierno les debe dar para poder exigirles con justicia que cumplan su función. Mientras eso no llegue, seguiremos esperando a ver cuándo tendremos “justicia pronta y expedita”.


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