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CIUDAD DE MÉXICO.- R3D, Artículo19, Prodh, Social TIC y otros organismos interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación contra quien resulte responsable, después de documentar 76 ciberataques a periodistas y activistas con software de uso exclusivo del gobierno.

“Este grupo de ciudadanos denunciamos formalmente los hechos perpetrados en nuestra contra constitutivos de los delitos consistentes en intervención de comunicaciones privadas, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y los demás que resulten de esto”, dijo en conferencia de prensa la periodista Carmen Aristegui.

Se trata de una serie de ataques ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016 a un grupo de activistas y periodistas mexicanos, entre ellos Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga, que recibieron mensajes de texto en sus teléfonos móviles con enlaces maliciosos relacionados con el software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y adquirido por el gobierno mexicano.

“Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México : la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, dice el informe ‘Gobierno Espía’, publicado por la organización R3D este lunes, en colaboración con CitizenLab, un organismo académico de la Universidad de Toronto.

Una vez implantado, Pegasus toma el control de los teléfonos de las personas atacadas, desde la cámara, el micrófono y lo que se escribe en su teclado, detalló John Scott, investigador de CitizenLab. Según la organización, cada ataque tiene un costo promedio de 77 mil dólares, y cada uno de los 76 SMS maliciosos enviados a los activistas y periodistas fue enviado en momentos de coyunturas periodísticas, como la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, en 2015.

Este lunes, CitizenLab y el New York Times revelaron los ataques encontrados y se difundieron en redes sociales con el hashtag #GobiernoEspía.

Además de la denuncia penal, los afectados interpusieron un procedimiento de queja ante la Comisión de Derechos Humanos, informó Luis Fernando García, director de la R3D.

La organización civil demanda límites a la vigilancia gubernamental, que debería ser fiscalizada, detallada y bajo una autorización judicial que justifique su necesidad y proporcionalidad.

“Estamos aquí para preguntarle al presidente Peña Nieto muchas cosas. ¿Qué tiene que decir el jefe del Estado Mexicano si entendemos esto como una operación de Estado? Esta es una operación de Estado donde los agentes del estado mexicano lejos de hacer lo que deben hacer legalmente han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves, y de eso tiene que dar cuenta el jefe del Estado mexicano”.

Según los afectados, con la denuncia interpuesta esperan que el Estado inicie una investigación contra sí misma, pues el software documentado en los ataques sólo es utilizado por el gobierno.

 

Abordan en OEA espionaje a periodistas y activistas

El espionaje por parte del Gobierno mexicano hacia periodistas y defensores de derechos humanos que reveló el diario The New York Times es abordado en los trabajos previos a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante el diálogo con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que modera el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, Tirza Flores, representante de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresó su solidaridad hacia los periodistas y defensores que han sido espiados por el Gobierno mexicano, y alentó a otras organizaciones y a las autoridades a pronunciarse sobre este tema.

“Les pedimos a las y los representantes de los Estados aquí presentes que en el segmento de réplica pudieran pronunciarse sobre esta grave situación que afecta la defensa de los derechos humanos en México”, indicó.

Su participación levantó aplausos por parte de la audiencia.

Esta coalición la integran varias organizaciones de derechos humanos en el continente, incluida la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional.

Por la mañana, el Canciller Luis Videgaray evitó hablar del asunto, pues dijo en conferencia de prensa que no había leído todavía el artículo, y dijo que serían las autoridades competentes las que responderían sobre el tema.

Hoy, el diario The New York Times publicó que desde el 2011 el Gobierno mexicano ha gastado 80 millones de dolares en un software de espionaje adquirido a una compañía de origen israelí.

Con él, de acuerdo con el periódico estadounidense, se espió mensajes, ubicaciones y llamadas de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentran Carmen Aristegui, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y Juan Pardinas.


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