FRANZELY REYNA | NTRZACATECAS.COM
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Zacatecas.- El coordinador general jurídico, Jehú Eduí Salas Dávila, aseguró que el gobierno estatal se encuentra “con un mayor optimismo” en la defensa del impuesto ecológico, al considerar que los argumentos que presentó la presidencia de la República favorecen a los de la administración de Alejandro Tello Cristerna.

Explicó que los informes que entregaron los secretarios que defienden al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, reproducen los argumentos ofrecidos por el gobierno de Zacatecas, lo que evaluó como positivo para el estado en el proceso de la controversia constitucional contra el nuevo tributo.

Por ello, insistió en que el ánimo es incluso más alto, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor del gravamen, a pesar de que recientemente se dio a conocer que el gobierno estatal desistió de entregar una prueba pericial en materia de geología.

“Posterior a la contestación que se dio del análisis que hicimos a través de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ésta emitió un informe donde prácticamente reproduce los argumentos que nosotros llevamos a la Corte”, afirmó.

Salas Dávila descartó que hubiera afectaciones para la Federación de resultar triunfante el gobierno de Tello Cristerna, salvo –acotó– las consecuencias políticas o sociales derivadas del interés de otros estados en el gravamen impulsado por Zacatecas.

Explicó que Peña Nieto impulsó la controversia constitucional contra el impuesto ecológico ante la expectativa que genera crear este tipo de figuras impositivas.

Sobre el desistimiento de la prueba en materia de ecología, el coordinador general jurídico justificó que luego de valorar con el Poder Legislativo local su viabilidad, se determinó que ésta entorpecería el proceso de la defensa.

“Se determinó emitir la prueba con la finalidad de dejar en claro la similitud de los elementos gravados por la Ley de Hacienda en Zacatecas (en la que se incluye el Impuesto Ecológico) con la Ley Minera a nivel federal, a manera de esclarecer la distinción de materiales que son regulados por el estado y por la Federación”.

Sin embargo, refirió, la presentación de la probanza retrasaría la sustanciación y resolución del proceso.

Reconoció que la prueba geológica no era un elemento que diera bases a los ministros para ver si existía una invasión de competencias federales, por lo que se decidió no presentarla, ya que además generaría un costo extra en la contratación de un perito y se retrasaría de dos a tres meses su desahogo.

Después de comunicarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el desistimiento, se fijó de inmediato la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, que será el próximo 10 de julio.

 


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