Alberto Chiu
Alberto Chiu

Reza la conseja popular que “para muestra, sólo basta un botón”, y en el caso del uso que se da a los recursos públicos en aquellos rubros que le son más sensibles a la población en general, el gobierno de Zacatecas ha sido señalado ya por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por haber incurrido en diversas irregularidades que le pegan precisamente a esas personas que más lo necesitan.

La reciente revisión de la Cuenta Pública 2016 ha arrojado, hasta este momento (en esto que apenas parece ser la punta del iceberg), que más de 450 millones de pesos que estaban destinados para programas sociales, programas de salud poblacional, combate a la inseguridad y obra pública, simplemente no se ejecutaron, o nadie comprobó que se hubieran invertido en ello, o los gastaron en otras cosas indebidamente, o desviaron los recursos, o nomás no se sabe dónde quedó ese dinero. Sí. Más de 450 millones de pesos que no llegaron a ayudarle a la gente.

Hasta ahorita, son señalamientos de los que la mayor parte espera alguna respuesta del gobierno estatal para que explique qué hizo con ese dinero, o que compruebe lo que no comprobó en documentos oficiales que revisa la federación a través de la ASF. Para un gobierno que se precia de ser transparente (sea el actual o el anterior, ambos lo presumieron), el no haber entregado la documentación suficiente habla –o incluso grita– de una enorme opacidad en el quehacer público, y deja la puerta abierta de par en par a la especulación sobre la comisión de actos de corrupción entre los servidores públicos. ¿Así cómo creerles la transparencia y la honestidad?

Y no sólo está señalado el gobierno del estado, sino también hay gobiernos municipales que igual recibieron recomendaciones de la ASF: Zacatecas, Jerez, Fresnillo y Guadalupe, aunque éste último apenas tiene dos solicitudes de arreglar las cosas.

No falta quien diga, en el ánimo de “rescatar” un poco la maltrecha imagen del actual gobierno, que estos resultados corresponderían más bien a la administración de Miguel Alonso Reyes, pues para cuando llegó a la gubernatura Alejandro Tello Cristerna prácticamente ya ni había nada que ejercer de dinero, y prácticamente se dedicaron a “administrar las carencias” que les heredaron. Pero igual son responsables, no se puede hacer esa discriminación.

Aquí el asunto, más allá de que pudieran endilgárseles acusaciones de tinte político a quienes fueron y son responsables de ambas administraciones, tanto en el gobierno del estado como en las de los municipios, es que las irregularidades están en los rubros donde se supone debería haber mucha más atención de que se ejerzan debidamente, pues son aquellos que lamentablemente mantienen a una gran parte de la población de este estado en condiciones de marginación o pobreza.

Son dineros que no se invirtieron en clínicas de salud, en medicamentos, en infraestructura para escuelas o de caminos rurales, en programas de apoyo social a sectores vulnerables como los ancianos o los menores de edad o las madres jefas de familia, o los campesinos, etcétera.

¿Cómo no quieren que la gente se enoje al enterarse de que más de 450 millones de pesos que se debían invertir en la población, acabaron quién sabe dónde? ¿Cómo no esperar que sea la ciudadanía cada vez más crítica y espere tener más herramientas para vigilarle las manos al gobierno, que al parecer se gasta ese dinero en otras cosas, o simplemente se lo embolsa a manos llenas?

Ante el actual escenario de pobreza patrimonial, pobreza alimentaria, carencias de salud y, sobre todo, inseguridad, que vive una buena parte de nuestra población, no se vale que queden impunes esas irregularidades, y aunque ya la ASF ha emitido algunas promociones de “responsabilidad administrativa sancionatoria”, lo que la ciudadanía quisiera ver es que efectivamente ya se castigue a alguien con todo el peso de la ley, y que además, recupere o entregue aquello que indebida e ilegalmente se apropió. ¿Será muy difícil castigar al delincuente?


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