Alberto Chiu
Alberto Chiu

Destituir a un funcionario de primer nivel, en efecto, es prerrogativa del gobernador en turno. De eso no hay duda, pero… de ahí, a que realmente quiera el gobernador en turno destituir a un funcionario de primer nivel, hay un abismo de diferencia, que quizá podría ser salvado sólo si las circunstancias particulares fueran tan exigentes, que de plano el mandatario se vería muy mal si no lo hiciese.

Pues ayer otra vez se escuchó la voz de un pequeño grupo de ciudadanos exigirle a Alejandro Tello Cristerna que destituya a uno de los suyos, en este caso, a la secretaria general de gobierno Fabiola Torres Rodríguez, a razón de que ésta no aceptó la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) le propinó, por el llamado “caso Salaverna”, sobre el que ha corrido la tinta también en NTR Medios de Comunicación.

Dicen los habitantes de Salaverna (los que ayer estuvieron aquí en la capital) que Torres Rodríguez no los quiere incluir en “un registro estatal de víctimas”, para que de este modo pudieran ser indemnizados por los daños sufridos en sus viviendas y sus propiedades, según han hecho el reclamo en diversas ocasiones, sobre todo después de que, en vísperas de la pasada Navidad, un operativo llevado a cabo por el gobierno con el apoyo de corporaciones policiales desalojó y demolió al menos una parte del pueblo.

En aquella ocasión, cabe recordar, NTR buscó a la secretaria general para obtener su declaración, y lo único que se obtuvo fue un par de cosas: un escueto boletín de prensa donde confirmaban el desalojo… y el silencio de Torres Rodríguez sobre el asunto. A los habitantes de Salaverna que la buscaron, les salieron con la puntada de que no los podría atender porque andaba “repartiendo bolos” en comunidades… o al menos eso fue lo que dijeron en aquella ocasión.

Ahora, a prácticamente siete meses de distancia, la CDHEZ emite recomendaciones tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Procuraduría de Justicia del Estado y a la propia Secretaría General, y sólo las dos primeras instancias las aceptan. No así la tercera, con el agravante de que, según ha trascendido en corrillos políticos, la razón tendría que ver con asuntos electoreros y no con el manejo adecuado de la política interior del estado.

Bueno, y ¿eso qué? –como decimos por acá–. Pues que por más legítimo que sea el reclamo de los habitantes de Salaverna, o por más bien fundamentada que esté la recomendación de Derechos Humanos, o por más que tanto la SSP como la PGJE hayan aceptado su parte de responsabilidad en el asunto, y por más que desde aquél mismo momento del desalojo la secretaria Torres Rodríguez haya guardado silencio o lo haya evitado hasta donde le fue posible… ¿querrá el gobernador Alejandro Tello destituirla?

No destituyó al general Froylán Carlos Cruz a pesar de los reclamos sociales, de los niveles de violencia, de las cifras de asesinatos, levantones, secuestros o robos… sino que tuvo que venir la renuncia del propio secretario “en bien del estado y del gobierno”, como él mismo lo dijo. Por el contrario, Tello Cristerna no lo descalificó en momento alguno, e implícitamente le dio su respaldo.

Me parece que en esta ocasión sucederá lo mismo, y que la secretaria general de Gobierno será respaldada también por el mandatario. Sólo que…

Primero habría que escuchar las razones contundentes que tenga ella para no aceptar, a nombre de la investidura que representa su cargo, la recomendación que Derechos Humanos le ha enviado. Tendría que explicar, detalladamente, cómo es que Seguridad Pública y la Procuraduría sí las aceptaron, sin tocarle a ella –superior en su jerarquía– responsabilidad alguna, o si es que éstas últimas actuaron por encima de ella, o sin su consentimiento, o por su propia cuenta… y por qué entonces no tomó decisiones sobre sus titulares, o si las tomó, cuáles fueron.

En fin, que tiene mucho qué explicar la secretaria, con la confianza y la tranquilidad de que no será sustituida, y de que podrá aguardar, tranquilamente, los tiempos electorales para –quizás– presentar ella también su renuncia “en bien del estado y del gobierno”… y entonces sí lanzarse de lleno a una candidatura.


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