DANTE GODOY/NTRZACATECAS.COM
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Zacatecas.- Habitantes de Salaverna exigieron la destitución de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, debido a que se negó a aceptar que la dependencia que dirige cometió abusos durante el desalojo de la comunidad ubicada en Mazapil.

En contraste, aplaudieron el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y las observaciones que hizo a las instituciones gubernamentales que participaron en el operativo del 23 de diciembre de 2016.

Destacaron que el personal del organismo descentralizado realizó un trabajo imparcial durante la inspección de la zona, en el que autoridades estatales, acompañadas por elementos de seguridad, derribaron varios inmuebles luego de cercar la localidad para desocuparla.

Los afectados también reconocieron a Francisco Murillo Ruiseco e Ismael Camberos Hernández, titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respectivamente, por aceptar la recomendación de la CDHEZ 03/2017, en la que se señalan los excesos cometidos por las corporaciones que dirigen.

En cambio, cuestionaron que sólo Torres Rodríguez rechazara las observaciones y peticiones de la comisión, pues la secretaría a su cargo encabezó el operativo.

“Le decimos al gobierno que se destituya a la secretaria general de Gobierno y los implicados en la destrucción de la que fue objeto Salaverna”.

“La funcionaria está negada a que se les incluya a los habitantes afectados en un registro estatal de víctimas, así como empadronarlos para indemnizarlos”, enfatizaron.

Reprobaron además que el titular del Poder Ejecutivo estatal defendiera la postura de la secretaria general de Gobierno, a pesar de que los abusos que denunciaron fueron comprobados por la CDHEZ.

“El gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna cometió actos contrarios a los que pronunció al inicio de su mandato”, lamentaron, respaldados por Luis Medina Lizalde, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En rueda de prensa ofrecida este lunes en el Congreso del Estado, los pobladores de la comunidad del semidesierto exigieron a los tres niveles de gobierno que ordenen a la empresa Frisco que paren las explosiones con dinamita en la unidad Tayahua.

La propuesta es que la compañía de Grupo México opte por otros mecanismos más modernos, como los usados por el corporativo Peñoles en las minas de Fresnillo.

“La tecnología en explosivos es tanta que se puede calcular potencia e impacto y los vecinos de la ciudad ni cuenta se dan”, compararon los quejosos.

Aseguraron que, deliberadamente, Frisco hace operaciones peligrosas en el lugar, con el objetivo de fracturar la tierra y sembrar el pánico entre los habitantes.

Para finalizar, el representante jurídico de los ejidatarios, Efraín Arteaga Domínguez, informó que en Ciudad de México se lleva a cabo un juicio de protección territorial para dicha comunidad, con el argumento de que los terrenos pertenecen a la nación y que los habitantes tienen más de una centuria habitando ahí.


Nuestros lectores comentan

  1. Efraín Arteaga Domínguez

    Dice la licenciada Fabiola que el objetivo del operativo era única y exclusivamente entregar notificaciones a SEIS jefes o jefas de familia que habitan en Salaverna.
    Pero el hecho de que envió 150 gorilas de las policías Ministerial y Estatal Preventiva, dos trascabos Bulldozer, dos camiones de mudanzas, una grúa, y hasta una ambulancia, personal de Protección Civil, un Notario Público, y la Coordinadora de Asesores de la propia Secretaría, evidencia sin lugar a dudas que la señora Secretaria está mintiendo, y está mintiendo ante autoridad.
    Está claro que el objetivo era mudar de manera definitiva, en contra de su voluntad y por la fuerza a las familias que viven la comunidad de Salaverna; quitarles mediante el uso de la fuerza LA POSESIÓN de sus casas y de sus tierras (de cultivo y de agostadero), precisamente para quitarles a los poblafores el argumento que los ha hecho fuertes hasta ahora: que detentan la posesión de esas tierras desde hace por lo menos siglo y medio (desde mediados del siglo XIX).
    Sólo así se explica que haya enviado 25 gorilas por jefe de familia a «notificar», y un operatibo tan aparatoso como el ya descrito.
    ¿O acaso los 150 polizontes, los dos bulldozers, los camiones de mudanzas y sus operarios, fueron a Salaverna e hicieron lo que hicieron, sin que nadie se los haya ordenado o sin que nadie los haya contratado?
    ¿Así que los gorilas y los operarios cerraron caminos, demolieron una vivienda, la iglesia, el jardín de niños, la primaria, abrieron puertas a patadas, entraron a las casas sin orden judicial, sacaron a una jovencita a tirones de su casa, golpearon a personas, todo eso hicieron por su propia cuenta,?
    Grave, muy grave.
    Si así hubiera sido, la secretaria general de gobietno tendría que renunciar, porque, claramente, la habrían rebasado sus suborfinados.
    Pero no fue así, el operativo fue ordenado por ella.
    Si a estas alturas ella sigue afirmando que «sólo fueron a entregar una notificación», y que no ocurrió lo que todo mundo ha visto que sí ocurrió, se covertirá en el hazmerreir de medio mundo.
    Debe enmendar su actitud y aceptar todos y cada uno de los puntos de la recomendación de la CDHEZ, antes que su imagen pública sufra un desgaste irrevetsible.
    Señor Gobetnador, si no tiene usted el valor para exigir a la minera Frisco-Tayahua del magnate Carlos Slim Helú que respete un radio, perímetro o esfera de seguridad de la comunidad de Salaverna, cumpla su palabra, y vàyase.