DANTE GODOY | NTRZACATECAS.COM
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Guadalupe.- Un grupo de colonos, habitantes de Tierra y Libertad, denunciaron ante los medios de comunicación la venta ilegal de terrenos propiedad del estado, por parte del ex diputado federal y ex alcalde de Guadalupe, Samuel Herrera Chávez y Enrique Trejo.

En este sentido, el ciudadano Horacio Saldívar Espino, quien se tomó atribuciones personales para declarar por los colonos de Tierra y Libertad, dijo que tanto Samuel Herrera Chávez como Enrique Trejo se dedican a la venta de predios que no son de su propiedad.

“Ellos los negocian con las autoridades para que, bajo presión, les den legal posesión de los mismos”; asimismo, implicó en sus acusaciones al subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, Julio César Chávez Padilla, a quien incriminó diciendo que es familiar de Samuel Herrera.

“El funcionario estatal (Chávez Padilla) es familiar político de Samuel Herrera. Con su ayuda venden hasta dos o tres veces el mismo terreno. En este orden de ideas, desde Mario Román hasta Roberto Luévano se han venido dando estas situaciones. Ignoro si se sigan dando con el actual presidente de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, pero habrá que investigar también”, expresó.

Al ser cuestionado si estaba declarando en defensa de Flores Mendoza, reaccionó abruptamente y se limitó a decir “lo que resta es que él dé certidumbre de los predios a los poseedores de los mismos. No actúo para defenderlo, a fin de cuentas que se defienda solo el alcalde”, cayendo en un contrapunteo de su postura, ya que afirmó que los predios pertenecen al municipio de Guadalupe.

Por otra parte, dijo que las firmas en documentos de las personas del polígono La Fe fueron falsificadas por Samuel Herrera Chávez y Enrique Trejo, bajo presión. “Cada uno de ellos se han dividido 40 hectáreas en mil lotes cada uno, siendo el valor medio de 10 mil pesos, hablamos de 40 millones de pesos, y los venden bajo la amenaza de despojo”.

El ciudadano lanzó una imputación al argumentar que el procurador de Justicia del Estado, José Francisco Murillo Ruiseco, brinda protección para que lucren con los terrenos y las personas.

Sin embargo, cayó en contradicción al apuntar que no se trató de ocho familias quienes tenían jacales en el polígono La Fe, sino que eran dos, la compuesta por María Juárez Dueñas y Silvia Reveles.

“Esos son los familiares que aparecen en el acta que piden la donación del predio, pero fueron falsificadas por Samuel Herrera”, quedando en tela de juicio su denuncia ciudadana.

 


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