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SALTILLO. El Gobernador de Coahuila, el priista Rubén Moreira, heredará cinco magistrados “a modo” que durarán 15 años en cargos del Tribunal de Justicia Administrativa.

La lista de quienes sancionarán a funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción es encabezada por la consejera jurídica del Gobierno estatal, Sandra Luz Rodríguez Wong, quien apenas el martes llevó al Congreso iniciativas de Moreira.

Además están Alfonso García Salinas, ex subprocurador de Justicia estatal; María Yolanda Cortés, ex empleada del Tribunal Electoral local y esposa de Luis Efrén Ríos, jurídico del mandatario electo, Miguel Ángel Riquelme.

La lista la complementan los ex magistrados Sandra Luz Martínez Chuey, y Marco Antonio Martínez Valero.

En sesión extraordinaria del Pleno, celebrada ayer, los Diputados aprobaron con 21 votos a favor y una abstención del panista, Jesús de León, la lista enviada por el Gobernador y como punto último, tomaron la protesta a los cinco magistrados titulares del Tribunal que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Es pura gente de Rubén”, dijo un diputado al final de la sesión.

A finales de junio, la Alianza Anticorrupción Coahuila advirtió que las iniciativas de leyes anticorrupción enviadas por el Gobernador Rubén Moreira al Congreso no permitían acabar con la impunidad, y que incluso le daba amplias facultades al Gobernador de nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

En entrevista, Sandra Rodríguez Wong dijo que “en días pasados” presentó su renuncia como Consejera Jurídica del Gobierno estatal.

Cuestionada sobre un posible conflicto de interés, al ser ella quien en su carácter de Magistrada, vea algún caso de alguno de sus ex compañeros o incluso del Gobernador, Rodríguez Wong afirmó que todo está en la ley.

“Se presentaron los documentos correspondientes al congreso, yo presenté mi renuncia en días anteriores, y es facultad del Poder Ejecutivo enviar una propuesta y es facultad del Poder Legislativo poder revisar los documentos que se enviaron en su momento”.

La conformación del nuevo Tribunal, que deberá sesionar por primera vez el 1 de septiembre, se da a tres meses y medio de concluir la administración de Rubén Moreira.

Organizaciones civiles denunciaron la violación del marco jurídico en el proceso de integración del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Coahuila.

Representantes de la Alianza Anticorrupción informaron que el martes pasado se presentó en el Congreso local un punto de acuerdo que exige a los candidatos a integrar el comité de selección del

Consejo de Participación Ciudadana del SEA presentar su declaración 3de3.

Marco Zamarripa, del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, consideró incongruente que la diputada priista Georgina Cano proponga este punto de acuerdo, cuando ni ella ni sus compañeros legisladores han presentado su 3de3.

Tras aclarar que la Alianza no está en contra de la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, Zamarripa dijo que no se debe exigir la 3de3 a los integrantes de un comité de selección que no percibirán salario y desempeñarán cargos honorarios.

“Aun cuando se trata de un exhorto, hay violación al marco jurídico ya aprobado y evidencia fallas por parte del Legislativo”, indicó.

Talía Romero, de Participación Ciudadana 29, recordó que el pasado 3 de agosto se cerró la convocatoria –aprobada por el mismo Congreso local– para este proceso, e informó que desde la sociedad civil organizada se propusieron varios candidatos a integrar el comité de selección.

“La emisión de adecuaciones a posteriori solo deja visibles fallas en los trabajos realizados por la comisión encargada para asuntos anticorrupción”, añadió.

El punto de acuerdo presentado y aprobado en el Congreso, añadió Romero, representa una intromisión al pretender imponer directrices sobre la metodología que el comité de selección utilizará para designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

“Al emitir este punto de acuerdo, la actual Legislatura evidencia desconocimiento o desdén hacia las recién aprobadas leyes y reformas que integran al Sistema Estatal Anticorrupción”, comentó la activista.


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