KAREN CALDERÓN | NTRZACATECAS.COM
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Zacatecas.- El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, delito pluriofensivo y de alto impacto que afecta no sólo a la víctima, sino a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

La desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por agentes del estado, es decir, por servidores públicos, o bien, por personas que cuentan con la autorización del Estado para cometer dicha desaparición.

La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, informó que nivel internacional existen dos instrumentos para combatir el delito: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Refirió que se establecen mecanismos para que los estados tomen las medidas necesarias para erradicar este tipo de prácticas, y uno de los temas fundamentales es la tipificación adecuada del ilícito, lo que significa que debe contar con los elementos necesarios para castigar a los servidores públicos que lo han cometido.

Detalló que la CDHEZ tiene la competencia de conocer las quejas en el tema y puntualizó que en el estado existen dos investigaciones en curso.

El primer caso se presentó en el municipio de Loreto, y se trata de una queja oficiosa que fue denunciada por el presidente municipal del lugar; el segundo caso corresponde a una desaparición en el municipio de Villa Hidalgo, cuya queja fue interpuesta por la madre de la víctima.

“Ambos expedientes se encuentran en una investigación avanzada, desarrollada de manera imparcial, objetiva y apegada a la legalidad, para que al término de dichas investigaciones se emitan las recomendaciones conforme a la resolución obtenida”.

Domínguez Campos recordó que existe un hecho histórico en Zacatecas, la desaparición forzada de un grupo de cazadores provenientes de Guanajuato, en el municipio de Joaquín Amaro, de la que se obtuvo la recomendación 42/2014 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Éste es un hecho reciente, histórico y muy lamentable para el estado. Por ello, el llamado es a que no se vuelva a presentar en el estado nunca más un caso de desaparición forzada. Deben existir medios jurídicos, institucionales y psicológicos para prevenir la presencia de este tipo de delitos”.

Luz Domínguez sostuvo que a pesar de que el delito está incorporado a niveles nacional y estatal en los códigos penales respectivos, las tipificaciones no coinciden con los estándares internacionales previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

 

 


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