Tomás Mojarro
Tomás Mojarro

En el trabajo sexual la legislación contra la trata de personas dificulta la prevención del sida

Alma espera con la mirada baja su turno para recibir varios medicamentos tan extraños como la forma en que contrajo una enfermedad que le carcome el alma. Su marido, que sin saber que era portador del VIH-Sida regresó del extranjero. Hoy, en su hogar son noches de llanto, incertidumbre, desesperanza.

El sida, mis valedores, un asunto de salud pública para el investigador, por más que el obispo José Melgosa lo contradice: “¡Para la Iglesia el sida es un gravísimo problema de moralidad pública, y esto es lo que nuestro gobierno no quiere reconocer y limita el problema al ámbito de la salud. ¿El condón? Ese no está permitido por la doctrina católica. No es éticamente permisible. ¿Sida? ¡Castidad, el mejor remedio!

Salud pública, moralidad. Cuando se habla de sexo, sida y métodos preventivos, frente a la expresión del obispo es tanto o más valiosa la opinión de una trabajadora sexual, que sabe tanto o más que el obispo sobre el ejercicio de la sexualidad. Porque en lo tocante a oficios agredidos por dogmas, anatemas, prejuicios y moralinas, ¿cuál más satanizado que el sexual? A propósito, la denuncia de la Agencia de Noticias Independientes Noti-Calle:

“En el trabajo sexual la legislación contra la trata de personas dificulta la prevención del sida. Los condones son utilizados para fincar acusaciones de lenocinio y trata de personas. Hace algún tiempo decenas de trabajadoras-es sexuales de Tlalpan, Insurgentes, La Merced y otros puntos de encuentro en esta ciudad concurrieron al “Taller Metropolitano Sobre Sida y Trata de Personas convocado por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, donde se analizó el impacto que tiene en este sector social la actual legislación contra la trata de personas sobre la transmisión del VIH/Sida. Se habló del preservativo”.

Y que la prohibición de anuncios sexuales, el impulso nacional al rechazo social de la prostitución y la eliminación del consentimiento informado de las personas que son las presuntas víctimas de la trata como excluyente de responsabilidad para los inculpados por el delito mencionado, limita el derecho al ejercicio de la ciudadanía a las y los trabajadores sexuales. Asimismo, el hecho de que los condones sean tomados como prueba para fincar los delitos de lenocinio y trata de personas limita el impacto de las políticas públicas contra el sida. Ante esta conflictiva situación el Centro Nacional para la Prevención y el Control del Sida (CENSIDA) no se ha pronunciado en este o aquel sentido.

Las asistentes al mencionado Taller Metropolitano manifestaron su temor acerca de que la Ley General para la Prevención y Combate a la Trata de Personas criminalice a los clientes del servicio sexual, que en lugar de reducir la demanda de sexo comercial lo tornaría más a lo clandestino y elevaría las cuotas de extorsión policíaca que actualmente pagan en muchos lugares de la república para poder trabajar en el comercio del sexo.

A modo de conclusión se planteó la necesidad de llevar a cabo una movilización de trabajadoras-res sexuales a nivel nacional para revertir dicha legislación y obtener garantías laborales como trabajadoras-es no asalariados en el caso de quienes ofrecen servicios sexuales en la vía pública, y se formuló la necesidad de garantizar su participación, junto a vecinos y organizaciones de derechos humanos, en la formulación de políticas públicas que respeten los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales y la reforma de la legislación nacional y local contra la trata de personas.

Se enfatizó en el uso del condón. (Perfecto.)


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