ALBERTO CHIU
ALBERTO CHIU

Ayer en los Estados Unidos de Norteamérica corrió como pólvora, en todos los medios de comunicación, la decisión del presidente Donald Trump de dar inicio a la cancelación del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual permitía a aquellos menores de edad que ingresaron al vecino país pudieran tener una especie de amnistía para evitar ser deportados, y que fue establecido por el ex presidente Barack Obama.

Al mismo tiempo que se daba el anuncio, cientos de jóvenes latinos –obviamente afectados por la cancelación del programa– salieron incluso a las calles en algunas ciudades para protestar por la acción ejecutiva iniciada por Trump, y que podría tener su desenlace definitivo más o menos para marzo de 2018. Por lo pronto, desde ayer ya no se aceptan solicitudes nuevas para inscribirse en el programa, y ahora está en manos del Congreso norteamericano ver las vías que habrá de tomar su gobierno para terminar legalmente con este asunto.

Conforme vayan expirando los permisos obtenidos por los llamados dreamers inscritos en el DACA, en automático esos jóvenes se convertirán en indocumentados, y estarán en riesgo de ser deportados. Se ve simple, aunque todavía falta algún tramo por recorrer, legalmente, en las cortes norteamericanas.

Sin embargo, las cifras relacionadas con la terminación del programa son espeluznantes: afecta a más de 800 mil jóvenes inmigrantes, de los cuales más de 622 mil son mexicanos y… ¿cuántos de más de ese medio millón de chavos serán zacatecanos? Seguramente no pocos.

El gobierno mexicano ya anunció que para apoyarles, además de algunos soportes consulares en aquél país del norte, en caso de ser deportados, estos jóvenes podrían entrar en automático a una bolsa especial de trabajo; inscribirse en el programa Crédito Joven del gobierno federal; recibirían diversos ofrecimientos de becas en México y otros países; así como acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata, y su afiliación al Seguro Popular. Es decir, opciones de empleo, de autoempleo, de educación y de salud. Suena bonito…

¿Habrán ya empezado en el gobierno del estado, particularmente en la Secretaría del Zacatecano Migrante, a preguntarse siquiera qué carambas van a hacer en caso de un éxodo masivo de jóvenes zacatecanos de los Estados Unidos hacia nuestra tierra (su propia patria chica), y cómo lidiarán con las condiciones en que esos jóvenes lleguen, a sabiendas de que de por sí en estos momentos faltan muchas cosas por hacer para quienes no se han ido?

En estos momentos, es lamentable el número de jóvenes hombres y mujeres de la entidad que se encuentran en condiciones de pobreza y marginación, sin posibilidades de desarrollo o crecimiento económico, sin oportunidades de estudio, sin acceso a coberturas completas de salud ni a educación media superior o superior. Condiciones que, a fin de cuentas, han sido factor fundamental para que muchos de ellos se vayan…

Más aún, es todavía más lamentable encontrarnos con que muchos de los sujetos involucrados en la delincuencia (común u organizada, en bandas locales o en cárteles) son precisamente jóvenes que estaban en esas condiciones y encontraron en el delito un modus vivendi que les da dinero… aunque estén fuera de la ley y en constante riesgo de muerte. Los expedientes abiertos sobre esos jóvenes dan cuenta de ello.

Así que, por si no se había notado, ojalá esta cancelación del programa DACA en Estados Unidos abra los ojos, de una vez por todas, al gobierno local para poner todavía más atención de la puesta hasta ahora en este sector poblacional y en todos, para mejorar su estatus de vida local, y no se espere hasta tener encima el regreso de miles que vendrán destrozados nuevamente por la interrupción de sus sueños, a vivir una realidad que ya de por sí era una pesadilla para muchos. Las políticas públicas de salud, educación, desarrollo económico y social deben ser prioridad por encima de acciones políticas por obtener y conservar el poder.


Los comentarios están cerrados.