JOSÉ DE JESÚS REYES RUIZ
JOSÉ DE JESÚS REYES RUIZ

La sociedad tiene muy claro que los dos principales problemas de nuestro país –los que más le preocupan– son: la CORRUPCIÓN y la INSEGURIDAD.

En un principio, pareciera que no tienen mucho que ver el uno con el otro, aunque es claro que se alimentan entre sí, por un lado tenemos la inmensa corrupción que daña el entorno social y que se ha infiltrado hasta los más altos niveles de la esfera pública.

Sabemos que la impunidad, es decir, que los actos de corrupción que se realizan dentro del ámbito gubernamental, permanecen impunes, prácticamente nadie paga por las corruptelas cometidas y eso alimenta el deseo de quienes ocupan puestos claves dentro del gobierno a corromperse, a sabiendas que difícilmente pagarán por ello. Resulta perfectamente claro que la impunidad alimenta la corrupción y que los gobiernos, tanto el federal como el local, no hacen nada para combatirla.

No se puede levantar una piedra sin que salgan debajo de ella actos de corrupción, el problema es que mediáticamente un escándalo opaca al escándalo previo sin que jamás se den resultados de alguno a investigación seria, ni de uno ni del otro. Cuando apenas salió a la luz la enorme corrupción de, por ejemplo, el socavón del paso exprés de Cuernavaca, rápidamente pasa al olvido –sin ninguna consecuencia fuera de una alcantarilla inculpada y buscada internacionalmente– por el caso de Odebrecht, en donde las autoridades mexicanas y el Carnal Cervantes tuvieron que despertar del sueño de los –in–justos por la aparición de datos que implicaban a Lozoya, antiguo compañero del equipo cupular de la campaña de Peña Nieto –cómo voy a investigar a mi cuate, y menos por haber recibido 4 millones de dólares que alimentaron dicha campaña–, los resultados: nulos, claro está, a decir de la parte acusada el expediente estaba limpio, la PGR no tenía ningún dato mientras que en muchos países caen presidentes, vicepresidentes, hijos de mandatarios, candidatos presidenciales por las acusaciones realizadas en Brasil por 3 de los corruptores de dicha empresa. Aquí no pasa nada y, con la aparición de un nuevo escándalo, el de la triangulación de recursos de dependencias federales como SEDESOL, entonces a cargo de ROSARIO ROBLES, con universidades públicas –varias de ellas, de Zacatecas–, recursos que finalmente terminaron –previa mochada a las universidades– en empresas fantasmas inexistentes.

 

Que siga la mata dando

Pero este es el terreno del eje –impunidad corrupción– en un país donde el que la hace no la paga, y frente a este problema tenemos el de la INSEGURIDAD, que nos ha pegado en todo el país, pero que en nuestro estado se ha vuelto rutina, que amenaza con dejar de sorprendernos; el hecho de que todos los días existan 4 o 5 nuevos asesinatos, y se descubran aquí y allá fosas clandestinas donde se entierra a aquellos que desaparecen sin que el gobierno haganada.

Fuera de solicitar ayuda y refuerzos al gobierno federal, que manden a la Marina o al Ejercito, o más elementos de la Policía Federal –la local sirve para maldita la cosa–, que si los exámenes de confianza descalifican a la gran mayoría de los participantes, que si están armando nuevas estrategias que ya comienzan a dar resultados, y que al final resultan sólo mentiras.

La pregunta es si realmente pueden los gobiernos locales hacer algo, la respuesta es simple, estando como están faltos de toda creatividad es poco probable, será la sociedad la que tenga que hacer propuestas y literalmente tomar el toro por los cuernos.

Pero aquí existe un elemento que quiero destacar y que nos indica que, probablemente, las cosas se estén haciendo mal desde el principio, que combatir el grave problema de la delincuencia organizada y del narcotráfico en forma frontal, sacando al ejército a las calles fue –los números así lo indican– un craso error iniciado por Felipe Calderón y continuado prácticamente sin cambio por el actual ocupante de Los Pinos, lo que sólo ha provocado un incremento exponencial de la violencia, de la inseguridad y de los asesinatos prácticamente en todo el territorio nacional.

Esto no obstante que muchas voces han dicho hasta el cansancio “SON LOS FLUJOS DE LOS DINEROS ESTUPIDOS”, es decir, en vez de atacar el problema con más violencia, seguir los flujos de los dineros sería –con mucho– de más utilidad.

¿Por qué no se hace? Muy sencillo, porque aquí estamos hablando del lavado de dinero, investigar los flujos de dinero está por alguna razón vetado, porque la clase política se dedica a lo mismo, es decir, a lavar los enormes recursos que obtienen a través de la corrupción.

Permítanme poner un ejemplo:

Existe un rubro dentro de los enormes gastos realizados en el gobierno de Miguel Alonso que nos dice que se gastaron 650 millones de pesos en comisiones, una de esas comisiones fue entregada a un funcionario conocido por todos por 60 millones, sólo por haber logrado conseguir prestamos en instituciones bancarias –no damos el nombre por razones obvias–. Esos dineros, así como las enormes mochadas de hasta 25% eran pagadas en efectivo, ya podemos imaginar que nadie en su sano juicio optaría por guardar esas cantidades bajo el colchón. Los políticos corruptos requieren de lavar sus dineros, y la investigación sobre el lavado realizado por los miembros del crimen organizado –aunque la clase política también entraría dentro de esta connotación–, llevaría a las autoridades a conocer también estos actos y sus protagonistas y, por ello, mejor se abstienen, y que sigan los balazos.

La sociedad tiene muy claro que los dos principales problemas de nuestro país –los que más le preocupan– son: la CORRUPCIÓN y la INSEGURIDAD.

En un principio, pareciera que no tienen mucho que ver el uno con el otro, aunque es claro que se alimentan entre sí, por un lado tenemos la inmensa corrupción que daña el entorno social y que se ha infiltrado hasta los más altos niveles de la esfera pública.

Sabemos que la impunidad, es decir, que los actos de corrupción que se realizan dentro del ámbito gubernamental, permanecen impunes, prácticamente nadie paga por las corruptelas cometidas y eso alimenta el deseo de quienes ocupan puestos claves dentro del gobierno a corromperse, a sabiendas que difícilmente pagarán por ello. Resulta perfectamente claro que la impunidad alimenta la corrupción y que los gobiernos, tanto el federal como el local, no hacen nada para combatirla.

No se puede levantar una piedra sin que salgan debajo de ella actos de corrupción, el problema es que mediáticamente un escándalo opaca al escándalo previo sin que jamás se den resultados de alguno a investigación seria, ni de uno ni del otro. Cuando apenas salió a la luz la enorme corrupción de, por ejemplo, el socavón del paso exprés de Cuernavaca, rápidamente pasa al olvido –sin ninguna consecuencia fuera de una alcantarilla inculpada y buscada internacionalmente– por el caso de Odebrecht, en donde las autoridades mexicanas y el Carnal Cervantes tuvieron que despertar del sueño de los –in–justos por la aparición de datos que implicaban a Lozoya, antiguo compañero del equipo cupular de la campaña de Peña Nieto –cómo voy a investigar a mi cuate, y menos por haber recibido 4 millones de dólares que alimentaron dicha campaña–, los resultados: nulos, claro está, a decir de la parte acusada el expediente estaba limpio, la PGR no tenía ningún dato mientras que en muchos países caen presidentes, vicepresidentes, hijos de mandatarios, candidatos presidenciales por las acusaciones realizadas en Brasil por 3 de los corruptores de dicha empresa. Aquí no pasa nada y, con la aparición de un nuevo escándalo, el de la triangulación de recursos de dependencias federales como SEDESOL, entonces a cargo de ROSARIO ROBLES, con universidades públicas –varias de ellas, de Zacatecas–, recursos que finalmente terminaron –previa mochada a las universidades– en empresas fantasmas inexistentes.

 

Que siga la mata dando

Pero este es el terreno del eje –impunidad corrupción– en un país donde el que la hace no la paga, y frente a este problema tenemos el de la INSEGURIDAD, que nos ha pegado en todo el país, pero que en nuestro estado se ha vuelto rutina, que amenaza con dejar de sorprendernos; el hecho de que todos los días existan 4 o 5 nuevos asesinatos, y se descubran aquí y allá fosas clandestinas donde se entierra a aquellos que desaparecen sin que el gobierno haganada.

Fuera de solicitar ayuda y refuerzos al gobierno federal, que manden a la Marina o al Ejercito, o más elementos de la Policía Federal –la local sirve para maldita la cosa–, que si los exámenes de confianza descalifican a la gran mayoría de los participantes, que si están armando nuevas estrategias que ya comienzan a dar resultados, y que al final resultan sólo mentiras.

La pregunta es si realmente pueden los gobiernos locales hacer algo, la respuesta es simple, estando como están faltos de toda creatividad es poco probable, será la sociedad la que tenga que hacer propuestas y literalmente tomar el toro por los cuernos.

Pero aquí existe un elemento que quiero destacar y que nos indica que, probablemente, las cosas se estén haciendo mal desde el principio, que combatir el grave problema de la delincuencia organizada y del narcotráfico en forma frontal, sacando al ejército a las calles fue –los números así lo indican– un craso error iniciado por Felipe Calderón y continuado prácticamente sin cambio por el actual ocupante de Los Pinos, lo que sólo ha provocado un incremento exponencial de la violencia, de la inseguridad y de los asesinatos prácticamente en todo el territorio nacional.

Esto no obstante que muchas voces han dicho hasta el cansancio “SON LOS FLUJOS DE LOS DINEROS ESTUPIDOS”, es decir, en vez de atacar el problema con más violencia, seguir los flujos de los dineros sería –con mucho– de más utilidad.

¿Por qué no se hace? Muy sencillo, porque aquí estamos hablando del lavado de dinero, investigar los flujos de dinero está por alguna razón vetado, porque la clase política se dedica a lo mismo, es decir, a lavar los enormes recursos que obtienen a través de la corrupción.

Permítanme poner un ejemplo:

Existe un rubro dentro de los enormes gastos realizados en el gobierno de Miguel Alonso que nos dice que se gastaron 650 millones de pesos en comisiones, una de esas comisiones fue entregada a un funcionario conocido por todos por 60 millones, sólo por haber logrado conseguir prestamos en instituciones bancarias –no damos el nombre por razones obvias–. Esos dineros, así como las enormes mochadas de hasta 25% eran pagadas en efectivo, ya podemos imaginar que nadie en su sano juicio optaría por guardar esas cantidades bajo el colchón. Los políticos corruptos requieren de lavar sus dineros, y la investigación sobre el lavado realizado por los miembros del crimen organizado –aunque la clase política también entraría dentro de esta connotación–, llevaría a las autoridades a conocer también estos actos y sus protagonistas y, por ello, mejor se abstienen, y que sigan los balazos.


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