LORENA GUTIÉRREZ Y FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
LORENA GUTIÉRREZ Y FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM

Zacatecas.- Con un discurso contradictorio, la titular de la Secretaría general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, rechazó, una vez más, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) sobre el caso Salaverna, pero aceptó que hubo afectaciones entre la población, incluso que se investigue a los funcionarios que participaron en el operativo.

Este martes, ante el pleno de la LXII (62) Legislatura local, la funcionaria negó excesos de las autoridades bajo su mando; desmintió conflictos con María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la CDHEZ, y aseguró que “las mineras están en contra del gobierno”, por lo que también rechazó que se intente beneficiar a Grupo Frisco con la evacuación de la comunidad de Mazapil.

“No acepto que digan que hay un interés político. No acepto que digan que hay un interés personal por protagonizar. El interés fue, y sigue siendo hasta el día de hoy, la protección y la vida de las personas que siguen en Salaverna, que continúan viviendo en Salaverna”, afirmó.

Sin embargo, tras los cuestionamientos de algunos de los diputados, después reconoció que “a lo mejor” una de las habitantes del lugar “sí fue afectada” durante el operativo del 23 de diciembre de 2016; incluso anunció que implementará algunas de las medidas recomendadas por la CDHEZ.

“El día de hoy ya estoy reconsiderando. Hoy públicamente digo que se dé capacitación al personal de derechos humanos tanto en materia de derechos humanos como seguridad y materia legal. Acepto que, si la población de Salaverna requiere atención o apoyo, estamos en la disposición de hacerlo”, detalló.

Sobre el resto de los señalamientos hechos por Domínguez Campos, Torres Rodríguez aclaró que mantendrá su postura, principalmente en cuanto a la recomendación de indemnizar a siete personas en total.

 

Defiende a funcionarios

La secretaria general de Gobierno defendió a Juan Antonio Caldera Alaniz, director estatal de Protección Civil; a Raquel Ortiz, coordinadora de Asesores de la dependencia, y a Julio César Chávez Padilla, subsecretario de Atención y Concertación Ciudadana, al asegurar que, al participar en el operativo, sólo cumplieron sus órdenes.

“Yo los envié (…) fueron a notificar un riesgo y ayudar a una evacuación voluntaria”, justificó, aunque dijo que está dispuesta a que se les investigue.

“Si hay alguna omisión, y el gobernador (Alejandro Tello Cristerna) lo ha dicho y lo sostengo, si cometimos un abuso de autoridad, alguna falta administrativa o una irresponsabilidad en nuestro quehacer, estamos obligados a responder, a resarcir y a cumplir con la sociedad, se procederá con la investigación y acataremos sus resultados”.

Negó que los funcionarios lesionaran a las personas que se encontraban en la comunidad y puntualizó que el único abuso cometido por el gobierno fue que policías estatales y ministeriales cercaran el pueblo.

Sin embargo, se deslindó de este hecho tras recordar que las corporaciones a las que pertenecen los elementos están bajo el mando de otras dependencias.

“Por eso se reconoció por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que hubo un abuso de poder al cerrar el camino, al no impedir el libre tránsito (sic)”, enfatizó.

Asimismo, sobre los señalamientos de la posible alteración del reporte de hechos, se desmarcó al recordar que la corporación encargada es parte de la SSP, por lo que exigió también en este caso “se investigue y se proceda”.

 

Acusa politización

Fabiola Torres acusó que el conflicto de Salaverna no ha podido resolverse debido a las constantes acusaciones contra las autoridades que han intervenido.

Insistió en que el objetivo es que las familias que permanecen en el lugar tengan una vivienda digna, “mas, sin embargo, (sic) este asunto se mediatizó, se politizó” y “la controversia mediática no ha dado soluciones.

El no aceptar la recomendación no quiere decir que esté en contra de la comisión y de la presidente. (…) No es que quiera aceptar una recomendación, es que no comparto algunos criterios al hablar de que hubo desalojo, porque no hubo; al hablar de que hay desplazamiento forzado, porque no se desplazó a nadien (sic)”, aclaró.

De igual manera, Torres Rodríguez rechazó que la administración estatal actúe a favor de Grupo Frisco; incluso aseguró que, al contrario, “las mineras están en contra del gobierno”.

Recordó que la animadversión de las compañías transnacionales hacia la actual administración se debe a que Alejandro Tello promocionó nuevos impuestos ecológicos en el estado y esto “les va a afectar económicamente a sus bolsillos”.

Ejemplificó también que en el bloqueo que hubo en Peñasquito, Mazapil, en 2016, el gobierno estatal se negó a desalojar a los manifestantes “que reclamaban con justa razón que la minera (Goldcorp) no había cumplido su compromiso con los pobladores”.

 

Siguen en riesgo

Fabiola Torres llamó a los diputados a colaborar en beneficio de la población de Salaverna, pues reconoció que varias familias permanecen en el lugar, a pesar de que –de acuerdo con la secretaria– se mantienen en peligro.

“De la simple vista se ve el daño estructural que existe (…) Es eminente que hay un riesgo latente (sic)”, expuso.

Argumentó que existen tres estudios, elaborados en 2010, 2012 y 2013, en los que se documentan las fallas en el terreno y se prevén hundimientos.

“Con las lluvias, como secretaria general de Gobierno estaba y estoy preocupada (…) La omisión puede causarnos la pérdida de vidas humanas. Hablamos de que si hay tintes políticos, si no, hagan que Protección Civil proteja las vidas, antes que estemos viendo que si la propiedad, si la mina hace o no dinero”.

Por último, la funcionaria recalcó que la posición del gobierno del estado se mantiene y que su objetivo es que todos los pobladores sean evacuados a un sitio seguro.

 

 


Nuestros lectores comentan

  1. Cuauhtémoc Espinosa jaime

    Meda pena ajena escuchar las justificaciones de la secretaría general
    Primero miente al no reconocer que fue un desalojó forzado.entonces que explique qué estaban haciendo la máquinas derribando casa.edificios públicos.que diga que estaba haciendo en el lugar de los hechos la lic.raque Ortiz con una actitud prepotente.por que destruyeron una casa con personas adentro.que poca madre .que cinismo derrapante de un gobierno irresponsable.nunca en mi vida política de 40 años había escuchado en poco tiempo tanta pendejada en lo político. Social y técnico.que pendejada tan grande que digan que fue u a falla geológica.cunando fue un hundimiento provocado.saben zacatecanos todos estos males son por qué no somos capaces la mayoría de señalar errores desvíos y impunidad de esos que se siente dueños del estado .cuando son empleados del pueblo.es por demás con tello es un hombre cuadrado y si oficio politico

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