Alberto Chiu
Alberto Chiu

De veras que son “curiosos” nuestros diputados locales. Sobre todo, aquellos que escudándose en el sentido estricto de la ley, prefieren aprobar el rechazo a una iniciativa para instituir la revocación de mandato, pero para que ya no trascienda hacia el nivel nacional y puedan decir, tranquilamente, “archívese y olvídese”, que ya será problema de otros andar poniéndole el cascabel al gato.

Sí, está bien que tal vez no haya competencia jurídica para legislar sobre el tema a nivel local, pero ¿por qué no mejor dialogar y acordar entre todos –oficialistas, opositores y veletos– el buscar la mejor forma de elevar este tema hasta el Congreso de la Unión? Pues porque se pisan los callos, obviamente. Al menos, esa es la percepción de más de dos en el pueblo.

Es increíble cómo se las arreglan nuestros representantes populares para perder valiosísimo tiempo en discusiones de las que no saldrán bien parados, y que sólo sirven para demostrarle al pueblo, una y otra vez, que sus acciones (las de la mayoría, por lo menos) obedecen a otros intereses y no precisamente a los de quienes los eligieron.

Siempre habrá oportunidad, claro, de que se presente una nueva iniciativa, una intentona de punto de acuerdo para sostener el tema en el ánimo de la gente. Sin embargo, a algunos diputados el asunto más bien les parece lo suficientemente escabroso como para sepultarlo bajo alguno de los edificios que colapsan ahora como efecto de los sismos naturales. Esperan que venga un sismo político para que la revocación de mandato no se vuelva a tocar.

Sí, también está bien que ya existen actualmente otros medios legales para lograr que un gobernante pueda dejar el cargo, mediante un juicio de procedencia que, según nuestras leyes, está directamente relacionado a la materia penal. O sea que sí es posible que un gobernador, por ejemplo, pueda ser quitado pero… tendría que pesar sobre él una denuncia de tipo penal, que se cumplieran los requisitos y procedimientos para ejercer acción en su contra, y que se le iniciara juicio político en la Cámara de Diputados federal. O algo más o menos así, entiendo.

¿Y por no cumplir las promesas de campaña, se puede entonces invocar esa especie de “revocación”? Pues creo que no. Así que, no habiendo otros medios que sirvan como vinculatorios entre sus promesas y sus incumplimientos, pues nos toca la de aguantarnos hasta que acabe su mandato, a ver a qué hora puede o quiere el gobernante en turno cumplir lo prometido.

Vayamos, pues, olvidándonos de exigir aquello que supuestamente se plasmó en el “Contrato por Zacatecas” o como se haya llamado, ya que no tiene validez alguna. Vayamos pues entornando los ojos mientras esperamos que haya diputados que de veras quieran entrarle al tema por los cuernos, y verdaderamente tengan la intención de legislar localmente, o impulsar a que los federales legislen nacionalmente, para instituir esa figura y la vinculación legal necesaria a través de plebiscitos, referéndums, consultas populares o lo que se les ocurra en su momento.

Mientras tanto, ¿por qué no le ponemos tantita más atención a la manera que tienen nuestros legisladores de enredarse y tropezar cada vez que abren la boca para –supuestamente– hablar por todos nosotros? Siempre le echamos la culpa al gobernador –es algo casi natural– pero de los diputados poco se exige, y nada se resuelve.

Son ellos quienes, con sus acciones y omisiones, allanan el camino para que las leyes puedan doblarse o quebrantarse; son sus enredos los medios para que, por ejemplo, las revisiones de cuentas públicas pasen “sobre mantequilla” sin tocar a funcionarios corruptos; son sus acuerdos y sus votaciones negociadas las causantes de que persista el nivel de impunidad que gozan muchos servidores públicos, ya sea por efectos del fuero o de los “recovecos y lagunas legales” que les permiten seguir aprovechándose del pueblo sin que los toque el pétalo de una denuncia.

Se enredan porque quieren, y porque les conviene.


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