ALBERTO CHIU
ALBERTO CHIU

Terminó el mes de septiembre y, con él, se fueron las fiestas principales de Zacatecas, su Feria Nacional (que cada vez parece más kermés de rancho), los informes de gobierno de alcaldes y del mismo gobernador Alejandro Tello Cristerna… y volvemos a la realidad, lejos ya de los despilfarros festivos, y nuevamente muy cerca de los problemas económicos que se avecinan de aquí al cierre de año.

Luego de que ya nos avisara el gobierno que la cantidad de dinero prevista para el 2018 por el presupuesto federal no creció respecto a la que nos asignaron este año, sino que estaremos más bien “casi tablas”, y de que en repetidas ocasiones las propias autoridades estatales reconocieran que hay problemas, por ejemplo, para pagarle a los maestros, la verdad es que se avizora un panorama bastante aciago.

Si a eso le sumamos que nomás no ha pasado nada ni hay avances sobre el famoso “impuesto ecológico” que el gobierno estatal pretendía (pretende) imponer a industrias contaminantes, y que ese esperado dinero nomás no entra a las arcas, la bronca parece mayor. Eso, a pesar de que según la propia autoridad recaudatoria dice y presume que los zacatecanos han sido bien cumplidos con el pago de otros impuestos, y que se ha logrado recuperar una buena cantidad de millones de pesos…

Así que, a partir de ahora, ya lejos de andar pensando en cuál fiesta es la que sigue, yo me pregunto si los funcionarios de primer nivel, empezando por el mandatario y siguiendo por todo su gabinete, ya están pensando en cómo harán más con menos, el año que entra. ¿O acaso estarán pensando en cómo sacarle más dinero a la gente, para no verse tan “cortos” cada quincena?

Porque lo que parece no cambiar, de un año a otro, es la enorme cantidad de recursos públicos que se van tan sólo en el pago de sueldos y salarios y compensaciones y bonos y demás pretextos, que van directamente a alimentar al aparato gubernamental, por supuesto, con más dinero para los primeros niveles, y a veces sueldos indignos para quienes están en el último escalón de la escalera del servicio público.

La llegada de un año electoral (cuyo proceso ya inició) se antoja para que también haya repartición de recursos en las ya muy conocidas estrategias (o estratagemas) de “convencimiento político partidista”, como también se conoce eufemísticamente a la compra de votos, y uno se pregunta –nuevamente– cómo carajos le van a hacer pues, si incluso andan ofreciendo una parte de sus recursos para la reconstrucción del sur del país luego de los sismos. ¿O tienen un guardadito? ¿Y de dónde lo sacaron?

Me parece que a pesar de las más recientes iniciativas para impulsar y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas eficiente, el seguimiento de “la ruta” del dinero público está todavía en pañales. O falta iniciativa de parte de la ciudadanía para preguntar, o hay suficientes lagunas y vacíos en la normatividad como para que no sea tan fácilmente desenmascarado quien desvía recursos para su beneficio o para fines electoreros.

Muchas veces, los ciudadanos nos quedamos con los discursos que hablan de los “millones de pesos ejercidos en beneficio del pueblo”, pero casi nunca hay una revisión puntual de si esas cifras son ciertas, si corresponden con las obras o acciones presumidas, o si acaso están plena y debidamente justificados y comprobados. Y para cuando llegan las revisiones de cuentas públicas, también nos conformamos con que haya una o dos sanciones administrativas en contra de funcionarios menores… y párele de contar.

Creo que quienes ejercen el poder político –y el presupuesto público, claro– no nos hacen tontos; nos hacemos tontos nosotros al no exigir mejores cuentas públicas y no acudir a los mecanismos de transparencia lo suficiente. Ahí vienen ya las discusiones sobre el próximo presupuesto; ¿estaremos atentos los ciudadanos a la ruta del dinero? Hay que poner atención.


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