Alberto Chiu
Alberto Chiu

Los casos de acoso o incluso abuso en contra –mayoritariamente– de mujeres no son extraños al estado de Zacatecas. Al igual que en el resto del país, prácticamente a diario se conoce acerca de patrones que, ya sea laboralmente o hasta sexualmente, se pasan de la raya en su trato con quienes están bajo su mando, escudándose en el puesto superior que ejercen. Por lamentable que parezca, no son muchos los casos que se denuncian de manera formal, y muchos menos los que llegan a tener algún resultado positivo en cuanto a reparación del daño o incluso con sanciones penales para quienes cometieron esos abusos.

Eso, cuando sucede tras las puertas de una empresa privada, pero… ¿y cuando el abuso es por parte de un servidor público? En esta situación, muchas mujeres –mayoritariamente, insisto, aunque también hay casos de hombres víctimas– se ven sometidas a abusos por parte de quienes se supone deben prestar servicios a la sociedad, y en lugar de ello se aprovechan de su posición de poder (si se le puede llamar así) como autoridad para obligarlas a actos indebidos.

La Secretaría de las Mujeres, en Zacatecas, en voz de su titular Adriana Rivero Garza, ha manifestado que se trabaja actualmente en diversos casos detectados de abuso por parte de servidores públicos en contra de féminas, y afirma que no habrá tolerancia alguna para quien cometa cualquiera de esta clase de delitos que denigran no sólo a la víctima, sino al mismo tiempo a la institución a la que dicen servir.

Qué bueno que adopten esta política de “cero tolerancia”, y ojalá de ahí pasen también a la práctica de la “cero impunidad”, pues es bien sabido que, en casos anteriores, muchas veces quien era señalado por abusos (hasta sexuales) era simplemente cambiado de área o de dependencia, pero no había mayor castigo, propiciando así que las conductas ilícitas volvieran a repetirse una y otra vez en el lugar a donde se había reasignado el servidor público señalado de acosos o abusos.

Es deleznable el hecho del acoso y abuso en contra de mujeres y hombres, pero es doblemente reprochable aún que quien lo lleve a cabo sea una persona que, de acuerdo a su posición en el servicio público, hace mal uso de ésta para degradar la dignidad de los usuarios o usuarias de ese servicio. Eso también es una forma de corrupción que debería ser castigada con mucha más firmeza, pues un gobierno que se precie de ser “cercano a la gente”, no puede dejar pasar ni solapar que sus integrantes enloden esos ideales que abanderan.

El gobernador Tello ya lo dijo, en declaración pública, que todo funcionario que sea señalado por la comisión de cualquier acto de corrupción o de faltas a la ética gubernamental sería inmediatamente separado del cargo, en tanto se hacen las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, se seguiría un proceso judicial en su contra hasta las últimas consecuencias. La sociedad está esperando ver estas palabras convertidas en realidad.

Es cierto, para ello hace falta que precisamente la sociedad denuncie. Que quien se tope con una intentona de soborno, de cobro de moches, de acosos administrativos o de abusos incluso sexuales a cambio de los servicios que debe dar el gobierno, inmediatamente interponga la denuncia o queja correspondiente, pues no hay peor receta para la impunidad que una sociedad callada ante los agravios en su contra. Ya sea desde una mochada a cambio de evitar una infracción, hasta la pretensión de favores sexuales a cambio de un trámite. Los ciudadanos no debemos quedarnos callados.

Y habrá también que pedirles a los diputados locales que, en un tiempito que tengan, se den a la tarea de legislar más duramente contra los servidores públicos que ejerzan prácticas deleznables como el acoso o el abuso, tanto en contra de mujeres como de hombres, pues el abuso no conoce de géneros ni posiciones económicas. Ojalá alguien le ponga el cascabel al gato.


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