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Cd. de México.- La violencia desatada por grupos criminales en los Municipios sinaloenses de Choix y Sinaloa de Leyva obligó a 2 mil 38 personas a dejar sus comunidades en un desplazamiento forzado, expuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En su recomendación 39/2017, la CNDH detalló que las víctimas son mil 475 personas de 40 comunidades de Sinaloa de Leyva que huyeron de sus viviendas en 2012 y 563 de Choix, representadas por una mujer para la cual la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidió medidas cautelares en 2015, debido a las amenazas que recibió.

«La CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado (…) sin realizar acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos», denunció el organismo.

En particular expuso que agentes del Ministerio Público, de la entonces Procuraduría de Sinaloa, fueron omisos en sus investigaciones por tres averiguaciones previas, violando el derecho a la adecuada proporción de justicia.

«En tanto que las autoridades estatales y municipales competentes para garantizar el derecho a la asistencia humanitaria o las ayudas inmediatas señaladas en la Ley General de Víctimas como alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo fueron omisas para otorgarles dichos satisfactores mínimos indispensables para una vida digna», agregó.

Por ello, la recomendación fue dirigida al Gobernador, al actual Fiscal General y a los Presidentes municipales correspondientes, con la intención de que realicen un censo para conocer el número real de las personas que fueron desplazadas de manera forzada.

También pide que se implemente un programa de reparación integral que brinde a las personas desplazadas vida digna y posibilidades para restablecer sus modos de subsistencia.

A la Fiscalía le pide investigar las denuncias de desplazamiento forzado interno.


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