JENNY GONZÁLEZ ARENAS
JENNY GONZÁLEZ ARENAS

Una noticia polémica, reconocer al personal médico la posibilidad de presentar una objeción de conciencia para negarse a practicar ciertos actos contemplados en la ley. Un tema que puede generar polémica pero, antes de manifestar una opinión o en contra de la objeción de conciencia, es necesario conocer las bases, características y límites de dicha objeción.

En primer lugar, la objeción de conciencia tiene su fundamento en la libertad de religión, conciencia y pensamiento, consagrada en diversos textos, tanto nacionales como internacionales de derechos humanos. Implica la libertad de toda persona de profesar la creencia religiosa que más le agrade, así como la libertad de pensamiento y conciencia, creando o asumiendo ciertos principios éticos y/o morales para regir su conducta, sin otra limitante que el no atentar contra la dignidad de las demás personas.

Por otro lado, nos encontramos también con la libertad de empleo y profesión, en la que toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica que más le agrade, a la vez de cumplir con las normas que para el ejercicio de su profesión se impongan.

Un elemento que es importante tener presente a lo largo de este debate es la diferencia entre el ejercicio de un derecho que afecta la esfera jurídica individual, frente al ejercicio de un derecho que afecta la esfera jurídica de otras personas que, inclusive, pone en riesgo el ejercicio adecuado del derecho de los demás.

Las características de la objeción de conciencia radican en que sea un acto individual, no de naturaleza colectiva, se manifieste públicamente ante la autoridad encargada de valorar la procedencia o no de la objeción de conciencia (puede ser un comité de ética médica o los tribunales competentes); estar debidamente fundada en un imperativo de ética médica, derivado de los documentos internacionales y nacionales donde se enlisten los principios de ética médica y no a voluntad o interpretación subjetiva de dichos principios; debe ser de orden personal, no ser invocada por terceros ni por autoridad alguna, mucho menos por presiones de agentes externos al conflicto médico-paciente.

Las limitantes radican en que: a) debe ser un acto individual, en relación a un caso particular; es decir, no puede tomarse para una afección médica o supuesto médico general (oponerse a todos los abortos, deberá hacerse en cada caso particular, porque todos los casos tienen modalidades o elementos distintos); b) no tiene por objeto la transformación ni de una ley ni de una política pública; c) implica el incumplimiento de una ley por parte del objetor; y d) ese incumplimiento está permitido por la ley siempre y cuando sea excepcional.

La presentación de la objeción de conciencia por parte del personal médico no puede o no debe ser un asunto que se trate al vapor o como un problema secundario, por el contrario, implica la corresponsabilidad del Estado para garantizar la disponibilidad permanente de personal médico que no presente este tipo de objeción, pero también debe capacitarse de manera adecuada al personal de los servicios médicos para que la objeción de conciencia no se convierta en una justificación permanente para no trabajar.

Una vez analizados los puntos anteriores, la pregunta sería si la reciente reforma a la Ley de Salud aprobada por la Cámara de Diputados contiene los mecanismos mediante los cuales los prestadores de servicios médicos harán frente a la objeción de conciencia de los médicos, contando con el personal disponible para atender los casos urgentes y cuál será la autoridad encargada de analizar si proceden o no las peticiones de objeción de conciencia.


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