Tomás Mojarro
Tomás Mojarro

 

La población indígena, mis valedores. Víctima hoy día de racismo, discriminación racial y desmedro en sus derechos políticos, económicos y culturales

 

 

 

Méx., 24-X-17. Intelectuales, músicos, periodistas y activistas condenaron lo que consideran actos discriminatorios en el proceso electoral contra la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy).

La población indígena, mis valedores. Víctima hoy día de racismo, discriminación racial y desmedro en sus derechos políticos, económicos y culturales, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas la UNICEF insta a los gobiernos de América Latina y el Caribe a cumplir esos derechos. ¿Atañe a México tal advertencia? No, porque aquí el indígena ya cuenta con su ración de justicia, que tal es esa Cartilla de los Indígenas que a su hora publicó el gobierno en forma de un cuadernillo minúsculo (cabe en la palma de la mano) que lo proclama: “Los indígenas tenemos los derechos de todas las personas (hombres y mujeres, niños y adultos, sin distinción de raza, nacionalidad, idioma, pensamiento, creencias religiosas o políticas, o nivel económico), establecidas en la Declaración Univ. de los Derechos Humanos, la Carta Magna, sus leyes secundarias y los pactos y convenios internacionales firmados por México. Espléndido.

Proclama la tal cartilla: “Los indígenas tenemos derecho a la vida, a la libertad y a ser tratados con dignidad y respeto. A no ser torturados, ni detenidos ni encarcelados a menos que se nos acuse de cometer una infracción o un delito. A que la ley se nos aplique por igual como a todos. En caso de algún delito a ser juzgados conforme a la ley. Contar con las garantías que establece la Constitución. Tener abogado defensor, y si no hablamos el idioma español, a que nos auxilie un traductor que conozca nuestra lengua y a que se nos considere inocentes mientras no se pruebe lo contrario.

Tenemos derecho a no ser discriminados y a que se respeten prácticas, usos, costumbres y tradiciones étnicas, lingüísticas, religiosas, sociales, políticas o culturales que no atenten contra los principios establecidos en la Constitución ni contra los derechos de persona alguna. A que impere en nuestra familia la igualdad de derechos para el hombre y la mujer, el niño y la niña. Las mujeres tenemos derecho a un trato digno y respeto como seres humanos; a que no se nos someta a ningún tipo de violencia física, psicológica, moral o sexual, y a que no se nos haga víctimas de discriminación respecto de los varones.

A la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a la libertad de cambiar de religión. A reunirnos pacíficamente o asociarnos con cualquier fin lícito, sin que pueda obligársenos a pertenecer a grupos o partidos. A participar en asuntos políticos, directamente o a través de representantes libremente elegidos. A elegir o ser elegidos popularmente para cargos públicos, con garantía de sufragio universal, libre y secreto. A satisfacer oportuna, adecuada y suficientemente nuestras necesidades de salud, seguridad, educación, vivienda y ambiente sano. A que se respeten nuestros derechos laborales y sindicales. A participar en actividades artísticas, culturales o científicas, y a que se protejan nuestros derechos autorales. A que ningún gobierno, grupo o individuo nos coarte tales derechos.

Es obligación de los servidores públicos: No cobrarnos por sus servicios. Darnos atención e información sin discriminación alguna. Responder por escrito a nuestras demandas. De los inspectores, policías preventivos y judiciales, agentes del Ministerio Público y de los jueces; y de todos los funcionarios dentro del ámbito de su competencia: ¡Tratarnos con respeto! ¡Darnos protección y seguridad! ¡No abusar de su autoridad!”

Cartilla, sí, ¿y qué dice la realidad? Ah, la simulación. Ah, México. (Qué país.)


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