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Cd. de México.- La organización civil Central Ciudadano y Consumidor calificó de regresiva la propuesta de reforma a la Ley de Transporte que el Gobierno de Puebla plantea para el servicio de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) como Uber y Cabify, pues limita la operación de estas plataformas.

La propuesta que el Ejecutivo envió al Congreso atiende a una coyuntura específica que ha evidenciado la inseguridad que se vive en el estado y se ha contaminado por discusiones referentes a la operación del crimen organizado en la entidad, aseguró en una carta enviada a Jorge Aguilar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de la entidad.

Sin embargo, no se ofrece una solución integral para atender el tema de seguridad, por lo que exhortó a los legilsladores a no aprobarla.

En Puebla, Cabify tiene impedido operar, pues el Gobierno canceló su registro tras el asesinato de Mara Castilla a manos de un chofer dado de alta en la plataforma.

En su carta, la organización civil detalló que según el Índice Global de Impunidad para México (publicado por la UDLAP), el estado de Puebla se encuentra en el grupo de entidades de «alta impunidad» debido, entre otras cosas, a la falta de infraestructura física de agencias del Ministerio Público y de personal capacitado en los mismos.

«El decreto de reforma a la Ley de Transporte pretende sustentarse en la obligación estatal de proveer seguridad ciudadana a los habitantes. Sin embargo, lo hace a través del traslado de obligaciones a particulares, en lugar de atender las causas de raíz que generan una cadena de impunidad que mantiene el descontento de la población», mencionó.

Además, alertó, la propuesta obliga a las ERT a proporcionar al Gobierno el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios, lo que viola el derecho inalienable a la privacidad de las personas.

También resaltó que el Gobierno no puede intervenir en los viajes que realicen de forma privada los ciudadanos y que a nivel federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite el acceso de autoridades a los teléfonos móviles, datos de localización, entre otras, pero exclusivamente por mandato judicial.

«En este caso, parece que la autoridad se extralimita de sus competencias y pone en riesgo a los ciudadanos», expuso la organización en su misiva firmada por Carlos Martínez, director general de la misma.

Además, explicó, una de las características de las ERT es que permite a los particulares usar sus activos económicos de forma más eficiente.

No obstante, la reforma propone que los interesados en ser conductores deberán solicitar una licencia de carácter mercantil y una constancia que tiene que actualizarse cada seis meses.

Lo primero provocará que al no ser la actividad principal del particular sólo entrarían aquellos que estén dispuestos a trabajar única y exclusivamente en este mercado.

Sobre la carta de antecedentes no penales, Central Ciudadano y Consumidor la considera inequitativa, ya que no se conoce otro tipo de actividad o empleo en el que sea un requisito válido.


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