Alberto Chiu
Alberto Chiu

La reciente publicación de una serie de presuntos actos de corrupción al interior de la Secretaría de Infraestructura (antes conocida como Obras Públicas), levantó ámpula no sólo en los pasillos de la propia dependencia, sino también en un titipuchal de despachos y oficinas de empresas (chiquitas, medianas, grandes) dedicadas a la construcción, por una simple razón: hay muchas involucradas.

Es un secreto a voces, desde hace años, que el ramo de la construcción es uno de los que más frecuentemente son utilizados por funcionarios abusones para beneficiarse personalmente, ya sea para sí o para sus jefes o superiores en la cadena de mando gubernamental. No son pocas las historias que, en reuniones de constructores, se comparten de boca en boca –y en voz baja, por supuesto, no son tan tontos– acerca de que tal o cual funcionario cobra moches o pide diezmos con tal de que se asignen las obras del gobierno.

Lamentablemente, a la hora en que uno empieza a preguntar y preguntarse por qué si es un asunto de sobra conocido –al menos entre ellos– y del que medio mundo habla, no existen las suficientes demandas o denuncias de corrupción ante las autoridades fiscalizadoras o ministeriales correspondientes. Y ahí es donde ese medio mundo esconde la cola entre las patas, para no tropezar con ella misma o acabar pisándosela.

Pero lo mismo sucede también, según se cuenta en los pasillos de otras oficinas gubernamentales, con dependencias como la Secretaría de Administración, o en la Secretaría de Salud, o prácticamente en cualquiera de las dependencias que tienen un recurso público disponible y que se dedican, ya sea a la adquisición de bienes muebles o inmuebles para el ejercicio público, o a la licitación de obras públicas, o a la contratación de servicios. Las historias se cuentan una tras otra, con nombres y apellidos… que nunca o casi nunca llegan ante un juez.

O incluso hay historias en dependencias como Tránsito del Estado, o la Junta de Agua Potable, donde se cuenta cómo empleados de menor nivel también cometen actos de corrupción más simples… y más cotidianos, como el pedir una “cooperación” para evitar una infracción, o para conectar un servicio de agua potable.

Ahí es donde también uno se pregunta ¿estará el gobernador administrando, en una especie de “fortaleza de la soledad”, desde un sitio rodeado por malandrines y corruptos? ¿Hasta dónde estarán tendidas esas presuntas redes de corrupción que igual le “aceitan” las manos a los funcionarios que proponen los cochupos, y le “endulzan” los oídos a los ciudadanos que aceptan a cambio de beneficios o prebendas o selección privilegiada? ¿Y acaso de todo eso no se enterará el gobernante, allá desde la soledad donde parece estar aislado de sus propios colaboradores?

Lamentablemente, de las instancias fiscalizadoras, luego tampoco encontramos los ciudadanos muchos comentarios halagüeños, pues más bien los resultados que han entregado son incompletos, omisos, o de plano permiten que algunos presuntos corruptos evadan la acción de la justicia administrativa y se burlen abiertamente de la justicia penal, así como de la ciudadanía que en algún momento se sintió agraviada en lo personal o en lo colectivo. ¿Cómo confiar pues en esas instancias fiscalizadoras? Y si la ciudadanía no confía en ellas, nuevamente surge la pregunta: ¿confía el gobernante en ellas, y les cree todo lo que dicen que investigan?

Cada vez más ciudadanos dudan si desde aquella aparente soledad de donde administra el estado, el jefe de las instituciones se dará cuenta de todo lo que pasa niveles burocráticos más abajo, donde se dan todos los días casos de cochupos chiquitos, medianos y grandes, y dudan también qué tanto será realidad su discurso de no tolerar dicha corrupción entre sus colaboradores, y qué tanto buscará llevar ante la justicia a quienes le hacen mal tanto a su gobierno como a la sociedad en general. En este barco vamos todos, pero el capitán debe imponer su mando… antes que otro empiece a mandar por él.


Nuestros lectores comentan

Deja un comentario