Alberto Chiu
Alberto Chiu

Ahora fue la organización Alto al Secuestro, dirigida por Isabel Miranda de Wallace, la que dio a conocer sus últimas estadísticas sobre la comisión de este delito relacionado con la privación ilegal de personas, y nuevamente Zacatecas destaca en la lista de los estados donde se cometen más secuestros, contabilizados proporcionalmente a su densidad poblacional. No es una novedad, pero sí pone otra vez a nuestra entidad en los medios nacionales como un punto rojo, por algo que aquí vemos –con tristeza– cotidianamente.

Son inútiles las intentonas de los funcionarios públicos para tratar de “justificar” o “explicar” o “interpretar” que en realidad no estamos taaan mal como señalan esas cifras, cuando inmediatamente refutan que están peor en otras entidades del país… tan sólo porque allá hay más gente, más población. ¿O sea que por ser la nuestra una entidad más despoblada es menor el daño a las familias, es menor el impacto social, es menos importante cada vez que se llevan a uno de los nuestros? No lo creo, y si no es así, que le pregunten a las familias de los desaparecidos…

Las historias contadas en los medios de comunicación y las redes sociales, a nivel local, nos detallan el gran número de personas (menores de edad, hombres y mujeres en edad adulta, de cualquier estrato social) que a cualquier hora del día y en cualquier circunstancia, son privados de la libertad la mayoría de las veces por personas fuertemente armadas, a bordo de vehículos que muchos ven, pero que casi nunca son localizados en los operativos de búsqueda que se implementan tras hacerse la denuncia.

Uno se pregunta ¿cómo es posible que ande tanta gente visiblemente armada por las calles, sin que nadie los detenga, y si lo hacen es más bien gracias a alguna afortunada casualidad del destino? ¿cómo es posible que sin importarles lugares visibles o testigos presentes se cometan tantos delitos de secuestro o levantones de los que luego no se vuelve a saber?

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del estado ha informado sobre la detención –y desarticulación– de diversas bandas de secuestradores que operaban en la entidad, y ha apoyado para resolver favorablemente algunos de los secuestros más sonados. Es cierto. Pero todavía faltan muchos más por resolver y la estadística sigue creciendo día con día en los principales municipios del corredor metropolitano, desde Trancoso hasta Fresnillo y sus alrededores correspondientes.

Lo que estamos viendo es, sin duda, el florecimiento de una “industria” operada por decenas, quizás cientos de sujetos que, sin temor alguno de la ley o de sus agentes, seleccionan víctimas y ejecutan acciones para obtener dinero a cambio de las personas privadas de la libertad. Este año ya rebasamos con mucho la media nacional de secuestros por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, y no parece tener fin la lista de niñas, niños, mujeres y hombres que son desaparecidos hasta que sus familiares paguen fuertes cantidades de dinero. Y son fuertes para todos, pues para quien no tiene nada, ofrecer pagar 5 mil pesos muchas veces lo significa todo, hasta la pérdida de cualquier cosa material con tal de recuperar a su familiar.

A lo que nos están llevando es, al mismo tiempo, a un estado de permanente preocupación por no ser “el siguiente” en la lista de desaparecidos, y a un estado de incrementada pobreza de aquellos que, naturalmente, son capaces de perder todo lo material con tal de no perder al familiar secuestrado. Estas víctimas, que se quedan sin patrimonio, luego sufren las de Caín para poder volver a levantarse de la ruina en la que han quedado, y no hay apoyos que alcancen de parte de cualquier instancia o dependencia pública.

No se puede defender lo indefendible, el que seamos uno de los estados con más alto índice de secuestros por proporción poblacional, sin caer en el riesgo de hacer el ridículo al asumir que todos pensamos que “mal de muchos, es consuelo de…”


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