ZACATECAS.- El titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), José Francisco Murillo Ruiseco, mostró su desacuerdo con que Zacatecas sea calificado como primer lugar en secuestro, como lo publicó NTR según las estadísticas de la asociación civil Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace.
Aseguró que la unidad de la PGJE especializada en este rubro funciona y ha dado resultados; sin embargo, el funcionario reconoció que “no se ha logrado disminuir la comisión del delito de secuestro” en el estado.
“No estamos de acuerdo con ese calificativo que se le ha hecho lamentablemente a Zacatecas. Esto no es para el gobierno del estado, sino para la entidad y los zacatecanos. Esto es para los empresarios, comerciantes, a los que viven del turismo, pues al final de cuentas le impacta esta nota a nivel nacional”.
“Obviamente la circunstancia y el daño no es al gobernador Alejandro Tello Cristerna, ni mucho menos al procurador, José Francisco Murillo Ruiseco, es a los zacatecanos que este mote como primer lugar en secuestros (sic)”.
El titular de la PGJE calificó como “importante” la cantidad de eventos de este tipo ocurrida en el último en Zacatecas, pero minimizó las estadísticas presentadas por organismos civiles y que advierten sobre aumentos significativos de la violencia en general.
“El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) establece la forma en cómo se van contabilizando estas incidencias delictivas, pero en particular la entidad aparece en los primeros lugares por una circunstancia muy sencilla: el número de habitantes, es decir, cuando la incidencia se cruza por cada 100 mil habitantes, siempre vamos a aparecer arriba”, justificó.
“Efectivamente aparecemos entre los primeros cinco lugares; sin embargo, hay que decir que el Observatorio Nacional Ciudadano, que es un organismo no gubernamental, establece formas y mecanismos de medición distintos”, agregó.
En lo que va de 2017 suman 67 personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad, mientras que la cifra es 97, de septiembre a la fecha, es decir, desde que inició la administración tellista.
En contraste, Murillo Ruiseco resaltó que 97 adultos y dos menores de edad fueron detenidos por secuestro, desarticulando así a 13 bandas, con 65 órdenes de aprehensión cumplimentadas.
“En el Centro de Readaptación Social (Cereso) están 161 personas procesadas por este delito y hemos obtenido 63 sentencias condenatorias, 54 de ellas para hombres y nueve para mujeres; además, mencionar que la punibilidad para este delito es la más alta, pues la mínima es de 40 años y la máxima de 140 años”.
Reafirmó que con estas cifras, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, “se confirma que está funcionando y que las denuncias que recibimos están siendo encausadas. Les damos la atención debida y hacemos todas las tácticas necesarias en los operativos para rescatar a las víctimas”.
Sobre el caso de la niña de 13 años que fue secuestrada en noviembre, el procurador de Justicia se negó a declarar si hay avances, debido a que, argumentó, la investigación continúa en proceso.
Por otra parte, anunció que se destinarán más recursos a disminuir las estadísticas de delitos de alto impacto en el estado. En 2017 se invirtieron 12 millones de pesos y se prevé que el próximo sea el doble.
La prioridad será reforzar las acciones para inhibir la operación de bandas criminales que “no necesariamente son de Zacatecas, pero pueden estar operando en la región”, puntualizó Murillo Ruiseco.
Se lanzó la pregunta de los avances la investigación de la estudiante de la secundaria del Tecnológico de Monterrey que fue secuestrada el 28 de noviembre, respondiendo que “esto se encuentra en investigación y por lo tanto no puedo dar mayor información hasta que no tengamos a la víctima sin riesgo y fuera de peligro”.