Alberto Chiu
Alberto Chiu

Todavía hasta anoche, ya tarde, continuaba en el Senado de la República una discusión bastante álgida acerca de la posible aprobación (o no) de la Ley de Seguridad Interior, con posturas a favor o en contra de la misma por parte de los integrantes de la Cámara Alta, pero con coincidencias fundamentales como, por ejemplo, el resaltar la dignidad e integridad de las fuerzas armadas del país, y su entrega ante las desgracias que ha sufrido la población de nuestro país.

Por momentos centrada la discusión en la llamada “militarización” de la nación, me parece que faltó más debate acerca de la otra pata faltante en el esquema de la seguridad pública, como lo es la enorme deficiencia existente en la autoridad civil –las corporaciones policiacas municipales, estatales, etcétera–, su infiltración por parte de la delincuencia organizada, la carencia de protocolos adecuados para el combate a delitos que son obviamente de orden federal, y mucho más.

La realidad, la que vivimos todos en el país unos con más fuerza que otros dependiendo de cada estado y de las bandas criminales que operan en ellos, sigue siendo la misma: hay miles o millones de mexicanos que viven en luto constante, derivado de la gran cantidad de muertos por la acción de los delincuentes, y en relación directa con otras deficiencias más graves de las administraciones públicas, sobre todo en la carencia de políticas públicas decisivas en materia de empleo, educación, salud, etcétera.

Poner en el centro de la discusión a la sociedad civil debería incluir también estos asuntos en relación a la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública y no sólo seguridad interior; dicha discusión no debería tratarse solamente de descalificar con una mano, y dar una palmada con la otra, a una institución que paradójicamente todos defienden, sobre todo al recordar su entrega desinteresada en los momentos de desastres naturales, por citar un ejemplo.

¿Dónde está esa discusión sobre la corrupción e impunidad que impera en muchas autoridades civiles, y que a su vez provoca enormes cifras de desempleados, de ninis, de hombres, mujeres, niñas y niños que se quedan sin oportunidades de desarrollo, y que los orilla –literalmente– a delinquir para tener bienestar, así sea a costa de su vida o de la vida de sus familias?

Cierto es que cada quien decide cómo vivir su vida y a qué dedicarse, y decide también elegir el camino de lo correcto o lo incorrecto (no tanto del bien o del mal). Pero para muchos en nuestro país el camino de lo correcto es simplemente intransitable porque ahí no hay manera de sobrevivir dignamente y darle a sus familias y a sí mismos una vivienda adecuada, educación, esquemas sanitarios u oportunidades de empleo suficientes y bien remuneradas.

Pero también cierto es que son los gobernantes, las autoridades civiles, quienes deciden qué hacer con el recurso público proveniente de los propios contribuyentes, y deciden los dispendios que son objeto de la crítica y el señalamiento social, y deciden cobrar moches y diezmos en las obras, compras o adquisiciones de sus gobiernos, y deciden incluso dejar las lagunas suficientes en las leyes como para que el brazo de la justicia no los alcance y, si los alcanza, los deje libres en poco tiempo y sin menoscabo del fruto indigno de su corrupción.

Hasta anoche, al escribir estas líneas todavía no se veía claro si se aprobaría o no la Ley de Seguridad Interior. Pero sí me queda claro que todavía hay mucho más que discutir para acabar con el terrible flagelo no sólo del crimen organizado, el narcotráfico o las industrias del secuestro y la extorsión. Sino del peor flagelo social que representa la impunidad de los corruptos, y las prácticas que se perpetúan mientras los corruptos se perpetúan en el poder, en donde se toman todas esas decisiones para beneficio sólo de ellos, y para desgracia de millones más que siguen en la pobreza y la marginación.


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