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Madrid.- La Ley de Memoria Histórica de España cumplió ayer una década desde su entrada en vigor, y con ello 10 años de polémica sobre su puesta en marcha y el incumplimiento de sus propuestas.

En 2007, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, muchos descendientes de los represaliados del franquismo albergaron la esperanza de que esta ley les ayudaría finalmente a reconocer, encontrar y exhumar a los más de 114 mil desaparecidos -muchos de ellos, aún en las más de 2 mil fosas comunes-.

Y, en términos generales, que esta herramienta del Estado sería un paso más para cicatrizar las heridas -aún abiertas- de la Guerra Civil (1936-1939). Pero no fue así.

“La ley no ha solucionado nada (…) No es más que una trampa”, afirmó a REFORMA Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La legislación, según el especialista, no está dotada de medios económicos, y no ha servido para resolver lo de las exhumaciones de quienes fueron fusilados durante el franquismo.

Tampoco ha anulado los sumarios de los condenados por el régimen, y el Valle de los Caídos (donde se encuentran los restos de Francisco Franco) sigue siendo un sitio conmemorativo de la dictadura.

Además, agregó Silva, han sido las asociaciones civiles y los particulares quienes han tenido que hacer frente a los gastos para buscar y exhumar a sus familiares, algo que, para él, debería ser responsabilidad del Estado.

“Otra gran mentira ha sido lo de las subvenciones jamás las ha tenido”, expresó.

“El Ministerio de presidencia es quien subvencionó a las asociaciones (para tenerlas calmadas), lo hizo desde principios del 2006 (un año antes de la entrada en vigor de la ley) y funcionó durante 5 años hasta que en 2012 Mariano Rajoy puso fin a esa política”, comentó.

En ningún apartado del texto de la norma se incluye una partida presupuestaria por parte del Estado, como tampoco mecanismo institucional alguno para poner en marcha sus propuestas (como la retirada o transformación de todos los símbolos que enaltecen la dictadura, entre ellos, el Valle de los Caídos).

Sin embargo, Silva reconoció que el debate social que provocó ha sido un aspecto positivo.

“España ha tenido una relación patológica con su pasado. Lo bueno de esta ley es que ha abierto un debate público que permaneció callado durante años”, sentenció.

Hoy en día, en España, no existe una política activa en materia de verdad, como sí la hay en Alemania o en Sudáfrica.

Tampoco cuenta con un censo oficial o actualizado sobre el número de víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista, según indica el informe de Pablo de Grieff, relator de la ONU para la Promoción de la Verdad, publicado en 2014.

Para Francisca Sauquillo, Comisionada para la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, lo más importante es el tema de las fosas.

“Somos el único país europeo que no sabe en dónde están sus muertos”, declaró.
A Julián Rebollo, de 73 años y presidente de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo, le indigna que España sea -después de Camboya- uno de los países que más fosas comunes tiene.

Como también sobrino de un español republicano deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria, se reúne todos los jueves con una treintena de personas, desde hace siete años, en la Puerta del Sol, en Madrid, para pedir al Estado que reconozca a las víctimas de la dictadura y que les ayude a encontrar a los suyos.

Finalmente, el debate sobre las limitaciones de la legislación ha llegado en diversas ocasiones al parlamento, pero los avances en esa materia aún no son claros .

En marzo del presente año, el Congreso de los Diputados aprobó -con el único voto en contra del Partido Popular- una propuesta no de ley del PSOE, que hace dieciséis recomendaciones para su aplicación. Sin embargo, su carácter de “no de ley” no obliga a su cumplimiento.

Por otra parte, en diciembre de 2016 el grupo parlamentario de Esquerra Republicana (partido independentista catalán) presentó una propuesta de ley -que sí era vinculante- en la que se pedía, principalmente, el reconocimiento de las víctimas de la dictadura, pero fue vetada.


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