Alberto Chiu
Alberto Chiu

En un hecho que parecería intentar reivindicar el papel de los organismos empresariales en Zacatecas, ayer los presidentes locales de la Coparmex, Alejandro Enríquez Suárez del Real, y de la Canacozac, Jesús Manuel Pérez Hernández, ofrecieron una conferencia de prensa para elevar un nuevo reclamo al gobierno del estado, en esta ocasión no concerniente a la inseguridad, sino a algo que les atañe directamente: la tardanza del Ejecutivo estatal en nombrar la Comisión Estatal de Defensa del Contribuyente.

Este organismo, dijeron, debería haber empezado a funcionar desde mediados del año pasado luego de haber sido aprobada su creación por la legislatura, y tendría dentro de sus funciones y objetivos el salvaguardar los derechos de aquellos que pagan impuestos en el estado. Lamentablemente, como explicaría luego el secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro, dicha comisión no se había podido conformar porque… ¿adivinó? Porque no había dinero destinado a sostenerla.

Según explicó, en el presupuesto de egresos del año anterior no existía una partida presupuestal para darle viabilidad a la contratación de personal, compra de equipos, oficinas y materiales necesarios para quienes se encargarán de defender y orientar a los contribuyentes estatales, y por ello el Ejecutivo había solicitado una prórroga al plazo límite que tenían de los primeros seis meses del 2017. De modo que, según Miranda, será en breve plazo cuando finalmente se conforme dicha Comisión, y los contribuyentes puedan contar con su asesoría y orientación.

Mientras tanto, esos mismos argumentos son los que esgrimieron ayer los presidentes de las cámaras citadas, para exigir que sea lo antes posible, pues no se vale que a la hora de cobrar los impuestos ahí sí el gobierno se pone exigente, y a la hora de darle protección a quienes los pagan se puedan tardar ya más de un año. Es como si desde el gobierno aplicaran una y otra vez la “ley del azadón”, que trabaja sólo en un sentido (“nomás pa’acá”), pero no ofrecen nada a cambio a los que están obligados a pagar.

El ejemplo podría luego aplicarse en muchas otras cuestiones de la administración pública, no solamente el pago de impuestos, sino también en asuntos como la corresponsabilidad del gobierno en el mantenimiento de la paz social, o en el mantenimiento físico del patrimonio material de las propias ciudades o localidades, o incluso en el ya de plano sonado caso de las patrullas de tránsito que circulan sin placas de circulación, válgame usted la redundancia y lo irónico del asunto.

Por lo pronto, me parece que esta exigencia es totalmente justa, y va acompañada implícitamente de lo que sería el compromiso de los empresarios agremiados a dichas cámaras para cumplir puntual y oportunamente con el pago de sus impuestos, ya sean tasas municipales como el predial, o estatales como el impuesto sobre nómina, mismo que ha defendido a capa y espada el propio secretario de Finanzas, argumentando que es perfectamente constitucional.

El chiste no es que el pago de impuestos sea legal o no, constitucional o no. El chiste es que a todo cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, éstos esperan que el gobierno haga algo a su favor, ya sea transparentando el uso adecuado de dichos recursos, o simplemente proveyéndoles de los mecanismos necesarios y suficientes para defenderse o recibir asesoría en cuanto a su cumplimiento. Pero parece que sólo se pone atención de un lado –el que conviene al que cobra los impuestos– y se soslaya el de quienes los pagan, dejándolos ciertamente en un grado de indefensión.

Ojalá a este reclamo –justo, insisto– pronto haya respuesta por parte del Ejecutivo y de los diputados en el Congreso local, y no mediante una nueva prórroga; tampoco mediante la excusa de que faltan recursos para proveer de este medio de defensa; sino con la realización de un mandato autorizado desde hace ya mucho tiempo, que le dé certeza a quienes pagan impuestos de que su dinero está siendo utilizado de manera adecuada y justa.


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