Alberto Chiu
Alberto Chiu

Ayer la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, rindió su segundo informe de actividades al frente del organismo defensor de la ciudadanía, y el resumen de lo que presentó bien podría tomarse como un muy buen termómetro de lo que la realidad nos receta todos los días: la violencia que afecta a la sociedad no puede justificarse de ninguna manera, mucho menos por la autoridad, cuyos propios efectivos policiales son de los más señalados por abusos y violaciones a los derechos humanos.

En su mensaje, al que acudió el gobernador Alejandro Tello, Domínguez Campos señaló que los resultados del año en materia de seguridad han sido “lamentables”, y con seguridad se refirió al enorme número de personas que han perdido la vida en agresiones armadas, o de quienes han sido privadas de la libertad, o extorsionadas, o abusadas física, psicológica o emocionalmente, o incluso de los reos que han sufrido cualquier clase de vejaciones al interior de las cárceles.

Seguramente se refería también a los deleznables casos de que ha tenido conocimiento sobre acosos escolares, o abusos sexuales en escuelas cometidos principalmente por docentes o personal de intendencia o auxiliares de las instituciones educativas, sobre todo en el nivel de educación básica.

Pero sobre todo, se habrá referido a la gran cantidad de ciudadanos que, con valor cívico y luchando contra el miedo que provocan las posibles represalias de alguien que está en ejercicio del poder, denunciaron una cantidad de abusos y malas prácticas por parte de elementos de diversas corporaciones policiacas, trátense de municipales o estatales.

Así está el retrato de nuestra sociedad, a los ojos de la instancia que defiende nuestros derechos: vivimos en una entidad donde se registran decenas de quejas contra policías, profesores y servidores públicos de cualquier nivel, por agresiones, vejaciones, abusos, acoso sexual, violaciones, y hasta porque no hay una procuración de justicia ni pronta ni expedita. ¿Cómo podemos verlo de otra manera? Son las autoridades quienes se han encargado, denodadamente, en hacer que la ciudadanía pierda la confianza en aquellas, y ahora tratar de recuperarla es una labor cuesta arriba.

Y señala la doctora Domínguez Campos que el gobierno no puede (ni debe) ya justificar los hechos de inseguridad, ni las muertes de cientos de personas, con el argumento de que “estaban coludidos” o de alguna manera involucrados con la delincuencia. Efectivamente, aunque lo hayan estado, el argumento no puede ni debe ser ya utilizado de manera oficial –y oficiosa– por las autoridades estatales, a riesgo de que cada vez suene más a una simple excusa o pretexto ante la imposibilidad de contener la ola de violencia que nos afecta desde hace ya varios años. Ni contener, ni combatir mucho menos.

Efectivamente, la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres de Zacatecas debe pasar por un adecuado, eficaz y oportuno esquema de protección a través de asegurar la calidad educativa, fomentar la cultura de los valores, el rescate de las tradiciones y la historia, y por supuesto, de una acción coordinada y proactiva de las fuerzas de seguridad que deben estar, como dicen algunos de sus slogans, para “servir y proteger”, y no para servirse y protegerse de los ciudadanos que se quejan.

Lamentablemente, creo que en estos momentos todavía la cultura de la denuncia y la presentación de quejas ante la CDHEZ cuando alguna parte del gobierno abusa de un ciudadano, está en pañales y presenta avances lentos. Pero también en pañales está, me parece, la atención que el propio gobierno da a las recomendaciones que la Comisión emite cuando ha encontrado que sí se violaron los derechos de algún ciudadano. Y así caemos en ese círculo vicioso sin fin: la gente no denuncia, porque aunque proceda la queja, el gobierno ni caso hace. Y para salir de tal ciclo, se necesita de la voluntad de todos. ¿Quién dará el primer paso, y quién dejará ya de justificarse?


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