Alberto Chiu
Alberto Chiu

Es comentario cada vez más común el que la violencia que aqueja a Zacatecas, aquella ligada particularmente con la delincuencia organizada, ha venido creciendo no sólo en el número de víctimas que deja, sino en el tipo de afectados que, lamentablemente, ahora suma también más menores de edad, muchos de ellos muertos como “víctimas colaterales” (así les llaman) en ataques armados en contra de sus familiares adultos.

A lo largo de esta administración estatal, se han registrado muertes lamentables y deleznables de pequeños que, ya sea en compañía de sus familiares o incluso cuando estaban solos pero en “lugares y momentos equivocados” perdieron la vida generalmente a causa de balaceras desatadas por delincuentes que no mediaron las consecuencias (ni les importó, seguramente) de sus acciones.

Esas muertes calan hondo, y dejan en la sociedad un sentimiento todavía peor de desamparo, de orfandad de gobierno y seguridad, y sobre todo de preocupación por lo que pudiera pasarle pues a cualquier hijo de cualquiera de nosotros, en cualesquier circunstancia y lugar, pues ante las declaraciones de que generalmente se trata de ataques en contra de personas ligadas también a la delincuencia, uno se queda con la zozobra de pensar quién de los que están a nuestro alrededor estará en tales circunstancias, imprudente e inconscientemente exponiéndonos a todos a sufrir las mismas consecuencias.

Según algunos enterados en la materia, las muertes de estos menores de edad demuestra cómo ha incrementado el grado de violencia en los ataques, la sangre fría con la que se cometen sin importarles nada, y sobre todo la impunidad con la que se conducen, pues poco se sabe de que haya castigos o sanciones ejemplares en contra de quienes los cometen. ¿A cuántos de esos asesinos han atrapado? ¿Cuántas condenas se han dictado contra ellos? ¿Cómo se les ha aplicado todo el peso de la ley?

Todos esos angelitos, como tradicionalmente la grey católica denomina a los menores de siete años que fallecen, son manchas perennes en el expediente de cada gobierno, más allá de cualquier investigación que relacione a sus familiares con presuntos hechos delictivos, o con venganzas entre cárteles, o con ajustes de cuentas. Son niños muertos cuya ausencia siente no sólo la familia directa, sino la sociedad en general, y que permanecen en la memoria de muchos.

Por parte del gobierno estatal, ya escuchamos al gobernador Alejandro Tello decir que “estamos de luto” por dichas muertes; y al procurador Francisco Murillo asegurar que se está haciendo todo lo posible por dar con los perpetradores de tan atroces actos y detenerlos, pues ya “no lo vamos a permitir”. Y seguramente seguiremos escuchando las frases de condolencia y solidaridad oficial para con los deudos, y las promesas de que se hará justicia, etcétera. Todas ellas, frases que sólo encontrarán sustento sólido cuando, en la realidad, se detenga, juzgue y condene a los asesinos. Sólo así.

Mientras tanto, no está de más recordarnos todos, mutuamente, que la seguridad también empieza en casa y que los padres de familia debemos ser los primeros vigilantes de nuestras propias amistades, nuestros círculos sociales y los de nuestros hijos, el ambiente en que se desenvuelven tanto en la escuela como en el hogar, los amigos que tienen y sus familias, con quiénes conviven ellos y nosotros… y por supuesto poner los límites que sean necesarios al detectar algún riesgo para sus vidas o el patrimonio.

¿Qué tanto conocemos de nuestros hijos y de nuestros amigos y de nuestros vecinos? De lo que se trata no es de generar una especie de paranoia contra todos, sino de estar bien informados y saber que, ante todo, hay que poner primero a la familia y la seguridad propia, para luego no tener que lamentar los signos de peligro a los que uno no hizo caso. Ojalá que las muertes de todos esos pequeños nos sirvan, al menos, para empezar a conocer y cuidar más y mejor a nuestros propios hijos. Y al gobierno, le sirvan de acicate para esforzarse más por hacer justicia verdadera y oportuna.


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