René Fernando Lara Cervantes
René Fernando Lara Cervantes

El activísimo se ha vuelto más riesgoso a nivel global, pues el año pasado un gran número de activistas fueron asesinados por su trabajo. De acuerdo con cifras del Reporte Anual de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo (2017), elaborado por la organización Front Line Defenders, fueron ultimados 312 activistas en 27 países, de los cuales, el 67 por ciento defendían derechos sobre la tierra, pueblos indígenas y medio ambiente, haciendo frente a actividades extractivas, megaproyectos y grandes corporativos. Por ejemplo, entre los agredidos en 2017 se encuentra Isidro Baldenegro, activista tarahumara galardonado por sus esfuerzos de conservación de los bosques en la Sierra Madre occidental. Mientras tanto la tendencia continúa  puesto que en este año ya se registró el primer asesinato, al ser estrangulada Guadalupe Campanur, la cual era defensora de los bosques de Cherán en el estado de Michoacán.

Cabe recordar que en México el año pasado fue el más violento de las últimas dos décadas, donde se registraron 25 mil homicidios, de los cuáles 18 mil 989 fueron ejecuciones del crimen organizado, es decir, el 75 por ciento del total. Por supuesto esto alcanzó a los activistas  ambientales, quienes según el reporte de Front Line Defender, fueron de los grupos más agredidos junto con los periodistas. En este sentido, Sin Embargo refirió que en 2017 se impuso un récord de 34 activistas asesinados, cifra que se disparó en comparación a los datos del primer año de  gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se reportaron 16 víctimas. Estos datos son evidencia de vacíos de estado que limitan severamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades, con lo que además se confirma el recrudecimiento de la violencia como un desafío que requiere atención inmediata, al poner en mayor riesgo los derechos humanos de los defensores del medio ambiente. Asimismo, estos problemas pueden agudizarse por la nueva Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre pasado, puesto que la  ambigua redacción de la ley facilita la intervención arbitraria de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública,  con lo cual se puede afectar negativamente la integridad de las protestas sociales. Esto significa que los tres niveles de gobierno están fallando en crear espacios seguros donde los ciudadanos puedan organizarse para manifestar su desacuerdo de manera pacífica, sin ser perseguidos o violentados de alguna manera.

Aunque el gobierno declare que realiza esfuerzos para mejorar la situación, no ha sido claro en las medidas a tomar para abatir esta impunidad, cuya severidad de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017 publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), es grave. El documento indica que México es el cuarto país con mayor impunidad de 69 países considerados en el estudio, esta una razón más para seguir de cerca a quienes resulten candidatos a la presidencia de la república en las próximas elecciones, pues no es posible tomar en cuenta a aquel aspirante que carezca de una propuesta realizable y con acciones concretas ante la urgencia de revertir la crisis de los derechos humanos, la cual está golpeando severamente  a los activistas en el país.

 

lararene83@yahoo.com.mx


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