Alberto Chiu
Alberto Chiu

Hace una semana, el gobernador Alejandro Tello tomó la protesta de ley a quienes son ahora titulares de los llamados Órganos de Control Interno de las distintas dependencias que conforman el gobierno del estado. Sobre ellos, recae la responsabilidad de hacer revisiones, auditorías y estar al acecho –literalmente– de cualquier acto de corrupción que lleven a cabo los servidores públicos para, en su momento, hacer las denuncias correspondientes ante la fiscalía que para ese objeto se crea en el Sistema Estatal Anticorrupción.

Y ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo esa tarea? Pues otros servidores públicos, extraídos de las propias filas del mismo gobierno que ahora supervisan acuciosamente –se supone–, y que podrían enderezar sendas denuncias por corrupción en contra de otros burócratas funcionarios y servidores públicos como ellos. Y ahí es donde varios analistas han empezado a encontrar una dificultad básica: ¿serán capaces de denunciar a alguno de sus colegas burócratas?

A decir de los más puntillosos críticos, el hecho sería equivalente al de poner la iglesia en manos de Lutero, como comúnmente se dice, y la estrategia anticorrupción podría –insisto, podría– verse trastocada si uno de ellos decidiera, por algún interés personal de amistad, compadrazgo o lo que sea, simplemente hacerse “de la vista gorda” con tal de proteger a otro funcionario o servidor público.

Es cierto que no la tienen fácil, sobre todo porque en ellos está la posibilidad de denunciar a superiores, y porque quienes ahora recibieron esta altísima responsabilidad tienen que soportar sobre sus hombros –y sus correspondientes prestigios y méritos personales– el peso de la lucha anticorrupción desde dentro del gobierno, desde dentro de su propio ambiente laboral, con toda la carga de suspicacias, envidias, desconfianzas y trampas de sus propios colegas burócratas que se sientan “amenazados” por esa mirada escrutadora de su trabajo.

Las más recientes experiencias en diversos ámbitos del servicio público, como por ejemplo en el de la aplicación de la justicia en el nuevo sistema acusatorio-adversarial, están empezando a revelar que la corrupción lamentablemente se generaliza cuando quienes se encargan de esa tarea no son ni todo lo ético ni todo lo moralmente responsables para llevarla a cabo, y así lo señalan algunos otros especialistas.

Indican, como ejemplo, el que en este nuevo sistema de justicia muchas veces se dan contubernios entre los Ministerios Públicos, los defensores de oficio y los jueces de control, lo que provoca que se facilite la llamada “justicia de puerta giratoria”, esa en la que se ve cómo cuando una persona es detenida por la presunta comisión de un delito, sale inmediatamente libre gracias a “acuerdos”, o más bien componendas entre los arriba citados, dejando a las víctimas de los delitos totalmente desamparados, y a los presuntos delincuentes en la impunidad total.

Ojalá que quienes recibieron ya el alto honor de servir al pueblo como vigilantes contra la corrupción, sean dignos merecedores del nombramiento y lo demuestren en los hechos, y no nos veamos de aquí a unos meses sufriendo –como las víctimas de delitos– la insoportable consecuencia de ese cáncer llamado corrupción que carcome –hay que decirlo– todos los niveles de gobierno, y que no parece tener cura.

Ojalá, repito, quienes hoy se presentan como los garantes de la limpieza y el correcto actuar gubernamental no sucumban a la cochina tentación de taparse la cola entre todos, porque todos tengan cola que les pisen. Ojalá no caigan en la omisión de las irregularidades que vean, y que antepongan primero el bienestar social y el bien común, a los intereses de quienes probablemente sean hasta sus conocidos o sus amigos, por más amigos o conocidos que pudieran resultar. Se necesitan muchos pantalones para hacerlo, pero sólo así se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción que dicen abanderar nuestras autoridades.


Los comentarios están cerrados.