Alberto Chiu
Alberto Chiu

Una nueva fuente que saltó a los medios nacionales ayer, “reveló” una realidad que muchos conocemos y al parecer nuestros gobiernos se resisten a reconocer: las demarcaciones municipales de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, están considerados dentro de la ominosa lista de los 20 municipios más violentos del país, tal como lo refleja el Índice de Violencia Municipal, registrado en el más reciente estudio titulado Seguridad, Justicia y Paz, presentado ayer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC.

¡Qué novedad! O más bien, quizás sea solamente nuevo el hecho de que en dicho estudio ya se incorporan los segundos dos municipios (Fresnillo y Guadalupe, en ese orden) al reconocimiento formal –al menos por parte de una asociación civil dedicada al estudio de la violencia en el país– de que el corredor metropolitano verdaderamente está asediado por un grado de violencia que, aunque se diga una y otra vez que afecta solamente a aquellos involucrados en actos ilícitos, da la razón en cuanto al grado de preocupación que manifiesta la sociedad civil cuando conoce de asesinatos, levantones, secuestros, extorsiones, robos, etcétera.

No se puede ya esgrimir dicho argumento, pensando que la sociedad es tan tonta como para pensar que “si yo no estoy involucrado, no tengo nada de qué preocuparme”, pues incluso en esa ola de violencia que nos afecta se han registrado casos de personas totalmente ajenas que, finalmente, resultan ser “víctimas colaterales”, inocentes, que o acaban muertas o lesionadas de alguna manera en su persona, sus familias o sus patrimonios.

Me parece que, además del presumido “cambio de estrategia” en materia de seguridad anunciado por el gobernador del estado Alejandro Tello, y repetido una y otra vez por la secretaria de gobierno Fabiola Torres, o por el secretario de Seguridad Pública Ismael Camberos, o el procurador Francisco Murillo, debería venir también un cambio (urgente) en la manera de informarlo para evitar al máximo los tropiezos comunicacionales como el que, lamentablemente, nos dio ayer otra vez el propio mandatario.

Como lo registran los medios de comunicación, ayer durante su reunión con el gobernador de la vecina Aguascalientes, Martín Orozco, el gobernador Tello respondió –visiblemente contrariado– que “los cárteles de la droga no vienen de mi estado, no los generó Alejandro Tello al llegar al gobierno de Zacatecas”. ¿Y quién fue el incauto que se animó a hacer semejante acusación o señalamiento? Creo que nadie, y tratar de excusarse de algo que efectivamente no fue de su autoría, resulta exagerado, fuera de proporción además de innecesario.

En la reunión con el gobernante panista, se habló de fortalecer los lazos de cooperación en los municipios limítrofes de ambas entidades vecinas, y eso me parece bien. Y de colaborar las policías estatales para hacerse fuertes en la atención del robo de ganado, del consumo de drogas y del delito común. Todo eso, bien. Y de compartir información de inteligencia para desarrollar estrategias conjuntas que coadyuven a brindar más seguridad a ambas entidades. Bueno, todo bien, aunque lugares comunes todos que, en una federación de estados independientes pero interrelacionados, suenan a verdad de Perogrullo. ¿Qué no se supone que todo eso lo deberían estar haciendo ya, sin necesidad de que haya una crisis para atenderlo?

Creo, sin embargo, que sigue faltando –al menos en el discurso, y por supuesto en más resultados contundentes y tangibles– la otra parte que complementa la prevención en la que aquí –se dice– trabaja la autoridad: la contención frontal contra las bandas de la delincuencia organizada que siguen dejando, prácticamente todos los días y a cualquier hora, hombres y mujeres (y hasta bebés) muertos, vehículos destrozados por los choques o las balas, viviendas balaceadas, y por supuesto cientos de familias sumidas en el miedo y la aparente indefensión.

Tal como lo puede escuchar uno en la calle, la gente está cansada de los discursos y de las excusas, y lo que espera son resultados que verdaderamente demuestren que esas bandas han sido contenidas, que sus células ya no operan en los municipios de la entidad, que la gente puede vivir tranquilamente y sin más temores. ¿Cuántos muertos más habremos de esperar?


Los comentarios están cerrados.