Alberto Chiu
Alberto Chiu

Algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia están seriamente reconsiderando la posibilidad de cerrar varios juzgados en distintos puntos de la entidad, bajo la premisa de que al no existir dichas instancias, la justicia quedaría fuera del alcance de muchos ciudadanos. Y parece que no andan tan equivocados.

El asunto es que tal reconsideración habría nacido tras reflexionar sobre el “planteado” cierre de varias cárceles distritales, impulsado desde la Secretaría de Seguridad Pública de Ismael Camberos Hernández, con los pretextos de que en esas cárceles ni había tantos presos, y por el contrario resultaban demasiado costosos para el erario.

Con estas “elucubraciones”, ahora resulta que el poder Judicial del estado estaría pintando su raya del Ejecutivo, luego de que hasta hace un par de meses todo parecía suficientemente planchado desde el gobierno. Como que no funcionó la presunta estrategia que tenían de hacer los cierres de instalaciones casi sin que se notara, y ahora se encuentran montados ambos poderes en un diferendo de opiniones en el que, por supuesto, debe valer primero tanto el respeto a los derechos humanos como el más genuino interés en privilegiar el bien común y la equitativa impartición de justicia para que esté al alcance de todos, en todas partes.

Si la Secretaría de Seguridad Pública (el gobierno, pues) decide finalmente cerrar cárceles “por falta de reos”, como han pretextado, ya será una decisión que quizás tenga razones económicas, financieras, de peso o no, pero el cierre de juzgados en esos mismos lugares sí pone en alerta a muchos zacatecanos que, aunque no tengan asuntos que tratar respecto de los reos, sí requieren de esas oficinas para muchos otros trámites legales, y que si no existen tendrían entonces que trasladarse a otros puntos de la entidad, muchas veces en detrimento de su propia economía.

Todo parece indicar que, nuevamente, nos encontramos ante una muestra más del endeble andamiaje que mantiene el gobierno en sus relaciones interinstitucionales, y sobre todo en el manejo de la política interior que, una y otra vez, o se topa con escenarios que no se había planteado, o se le caen las negociaciones, o simplemente no logra convocar la unidad de voluntades necesarias para sacar adelante proyectos de amplio alcance, ya sean del propio Ejecutivo o emanados del concierto de voces políticas, o incluso de las voces del mismo pueblo que se manifiestan todos los días.

Esas fallas o “atorones” en los que caen, así sean temporales, representan un lastre para el gobierno de Alejandro Tello, y sientan precedentes que no dan ni buena imagen ni buenos resultados para la sociedad. Y por el contrario, abren la puerta para que cualquier vivillo de la política local busque, muchas veces sin mucho esfuerzo y con mucho menos recato, imponer sus propias condiciones a la hora de hacer legislación, negociaciones sindicales, promociones políticas o planeaciones de la actividad gubernamental.

Para muchos de los que tienen años metidos en el teje y maneje de la política local en la entidad, esta clase de diferendos se explican por la falta de control desde el interior de las oficinas en la Secretaría General, y se lo achacan tanto a su titular como a todos aquellos que ocupan alguna de las subsecretarías o las direcciones que la componen, y ponen de ejemplo cómo en los recientes conflictos (mineros, cerveceros, frijoleros, magisteriales, etcétera), la mediación de esta oficina le ha quedado a deber en cuanto a efectividad a todos los involucrados.

Como quiera que sea, el asunto es que ya parecen estar tomando caminos distintos los poderes Judicial y Ejecutivo, con autonomía en sus decisiones… y qué bueno. Qué bueno que al menos parezca que hay algo de cordura en la separación de los poderes, y que no se dejen llevar uno por el otro y viceversa, porque luego eso nos da la idea, a muchos ciudadanos, que la separación no es más que una “pantalla”, y que en realidad las decisiones son centralizadas y hasta autoritarias. ¿No?


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