Alberto Chiu
Alberto Chiu

En pleno Día Internacional de la Mujer, ayer jóvenes mujeres quienes fueran compañeras de escuela de la recordada Cinthia Nayeli, le exigieron al gobernador del estado Alejandro Tello y al rector Antonio Guzmán un asunto básico sobre aquellos hechos, que cumplan a cabalidad, y pronto, lo que prometieron: justicia y estrategia.

Cinthia Nayeli, jovencita de apenas 16 años de edad quien fuera asesinada a mediados de octubre del año pasado, y cuyo crimen no ha sido plenamente resuelto, fue la palanca que utilizaron ahora sus compañeras escolares para denunciar al mismo tiempo que, en la realidad, no se ha visto una sola estrategia o acción tendiente a “evitar y erradicar el clima de inseguridad” que se vive en el estado.

Pero es que ya a prácticamente 5 meses de su asesinato, pareciera que nada ha cambiado y que no hay forma de llevar ante la justicia a su agresor o agresores, y aunque se han esbozado algunas líneas de investigación sobre el posible culpable, de todos modos no parece avanzar la investigación, ni hay detenidos, ni nada. De modo que la exigencia de las jóvenes de ayer a Tello Cristerna pareciera totalmente congruente.

Sería imposible –y por demás ocioso– tratar de poner un plazo de resolución del caso, o decir que una vez que éste se resuelva, el mundo cambiará a ser color de rosa y entonces habrá justicia.

Pero lo que no es imposible es verificar, fehacientemente, que quizás las medidas determinadas por la autoridad para prevenir delitos como el cometido contra Cinthia Nayeli son insuficientes, carecen de recursos para sustentarse, y sobre todo, carecen enormemente de la voluntad de los políticos para convencer a la gente de que sí hay avances en la impartición de justicia, y de que sí se castiga al que obra mal.

Las mismas jóvenes que ayer protestaron contra la aparente “inactividad” del gobierno, también lo hicieron contra el rector Antonio Guzmán Fernández, y básicamente le exigieron lo mismo: que cumpla la palabra empeñada de brindar más seguridad a sus alumnas, no sólo a las de la preparatoria donde estudiaba Cinthia Nayeli, sino a las de toda la comunidad universitaria.

Estas protestas, por supuesto, lo llevan a uno a preguntarse “¿entonces en qué carambas se está destinando el tiempo y el dinero necesarios para emprender un proyecto integral de prevención?”

No entiendo por qué tendría que llegarse hasta algún límite de la espera –o alargarla indefinidamente–, si contáramos con todos los elementos necesarios para investigar, perseguir, detener y encarcelar al asesino prófugo. Pero la verdad es que pareciera que faltan mucha más  eficacia y eficiencia a la hora de hacer esta labor, lo que abre un montón de posibilidades y amplias “ventanas” que, generalmente, les sirven de salida a éste y otros delincuentes similares.

La exigencia de las jóvenes preparatorianas es, en el fondo, una exigencia de todas las mujeres que, en los meses recientes, han perdido la vida a manos de delincuentes organizados en su gran mayoría, o han sido violentadas de alguna forma, o simplemente han sido objeto de acoso o abuso.

Es una exigencia sentida que ojalá no caiga en oídos sordos de los funcionarios, tanto estatales como municipales, para que ya la autoridad DEMUESTRE (ésa es la palabra clave) de una vez por todas que sí hay más vigilancia, por ejemplo, o más cámaras de seguridad, o más rondines, o cualquier otra clase de estrategia que ayude, verdaderamente, a cuidarnos. Y esa es labor exclusiva del gobierno, que ojalá se anime a abrir un poco más la información, y no mienta ni oculte datos, siempre pensando en el beneficio de la sociedad.


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