FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
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ZACATECAS.- En sesión ordinaria se aprobó, con 17 votos, el dictamen sobre la cancelación de la denuncia del fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de Benjamín Medrano Quezada y Guillermo Guerrero Viramontes, ex presidente municipal y regidor del municipio de Fresnillo, respectivamente.

La denuncia fue interpuesta por parte del auditor especial A de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Javier Alberto Díaz Martínez, en contra de los actores políticos ya mencionados, por no presentar su declaración de situación patrimonio anual correspondiente a 2014.

Jorge Torres Mercado, integrante de la Comisión Jurisdiccional de la LXII (62) Legislatura, dio a conocer que la LXI (61) Legislatura emitió un acuerdo para que los funcionarios presentaran su declaración de patrimonio anual, que se cumplió en octubre de 2015 y julio de 2016, aun cuando existen más actores involucrados: Leticia Casillas Morales, Héctor Mario Pavón Campos, Gerardo Pinedo Santacruz, quienes quedan pendiente en la entrega de su declaración de situación de patrimonio anual.

Miembros de la oposición, como la petista Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luis Medina Lizalde, se posicionaron en contra del dictamen, ya que aseguraron que no contó con el mínimo de firmas requeridas de los miembros de la Comisión Jurisdiccional para que este fuera discutido en el pleno.

“El contenido es polémico porque incluye a actores políticos, un dictamen que tardó cuatro años en resolver. No es el contenido, es el procedimiento, porque la presidente de la Comisión (Guadalupe Flores Escobedo) omitió verificar que tuviera todas las firmas, al igual que la presidente de la mesa directiva (Isadora Santivañez Ríos); no verificaron algo simple, estamos discutiendo un dictamen que no es legal, que evidencia la torpeza de alcances inadmisibles que se tienen aquí”, reprochó Bañuelos de la Torre.

El líder de la bancada de Morena, Luis Medina Lizalde, apoyó las razones de la diputada y añadió que aun después de cuatro años que presentó la denuncia de responsabilidades administrativas se da cuenta que “estamos ante un uso faccioso, torpe e inútil de las instituciones”.

“Nada más se balconean solos, usan las instituciones para cosas muy menores. Evidentemente que la no declaración de situación patrimonial, después de cuatro años, en un estado donde la corrupción es de gran volumen, es un asunto irrelevante de las responsabilidades de los involucrados”, sentenció.


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