Alberto Chiu
Alberto Chiu

Desde la cúpula de la Seguridad Pública en el gobierno estatal, es decir, desde el Consejo Estatal así como desde la propia secretaría del ramo, han asegurado que la bronca de la inseguridad en las demarcaciones municipales se debería, supuestamente, a que son los propios gobiernos locales los responsables de que no se contrate a más policías, de que no se brinde la guarda y protección debida a sus habitantes, y de que no le “echen ganas” en procurar la paz de sus pueblos.

Según esa cúpula, desde donde parece verse “de lejecitos” la realidad de muchos municipios de Zacatecas, los hechos delictivos que acontecen prácticamente todos los días aquí y allá, son a causa de que los presidentes municipales hacen “oídos sordos” cada vez que se les llama la atención y se les conmina a incrementar el número de elementos policiacos de cada municipio.

Desde el centro, les dicen a los presidentes que no importa si su municipio no es de los que reciben recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), pues se les puede apoyar desde el recurso estatal… y sin embargo no hay más contrataciones y, por ende, los municipios se van quedando sin guardianes del orden.

La realidad, según cuentan los alcaldes, es que prácticamente ya nadie quiere ser policía. La situación de riesgo a la que se expone cualquiera que siquiera externe su intención de sumarse a las filas de una corporación municipal, conlleva el que sean muy a menudo amenazados por las bandas delictivas que operan en dichos lugares, ya sean amenazas contra su vida o sus familias, hasta amenazas condicionadas a someterse a sus designios, es decir, que sean policías… pero estén bajo las órdenes de los delincuentes. Así, ni quién quiera entrarle.

Desde hace mucho tiempo, se ha hablado de que es necesario darle a los elementos policiacos no sólo la capacitación necesaria y suficiente para hacer frente ya no sólo a las faltas administrativas que cometen ciudadanos en los pueblos, sino también a la presencia, por ejemplo, del crimen organizado que se ha asentado en diversos puntos de la entidad.

Y no sólo la capacitación, sino además las condiciones salariales y de seguridad social suficientes para no tener la “necesidad” de recibir dinero –y órdenes– de los malandrines, así como además la posibilidad de resguardar tanto su vida como las de sus familiares, con el respaldo total y comprehensivo de la autoridad estatal. Pero todo esto es algo que todavía no se alcanza claramente, y prueba de ello han sido diversas manifestaciones de elementos de las diversas corporaciones –incluso las estatales–, que reclaman mejor trato, mejor salario, mejores prestaciones… y la garantía de que si algo les pasa a ellos sus familias no quedarán desprotegidas.

Cierto es que ante la carencia de elementos policiacos locales, pareciera que los municipios están “renunciando” a su responsabilidad de proveer paz y seguridad; y que pareciera que se le está dejando el paquete completo a la Policía Estatal Preventiva o, en el mejor de los casos, al apoyo que fuerzas federales o incluso el Ejército Mexicano les puedan prestar en situaciones extremas, como ha sucedido en Nochistlán o en Monte Escobedo más recientemente.

Pero sea o no por falta de recursos, sea o no por falta de personal, la realidad sigue siendo la misma: la percepción social es que el Estado (la institución) sigue fallando en dar seguridad a los zacatecanos; la idea presente en muchos habitantes de esta entidad es que no parece haber ni siquiera la intención o la idea concreta de cómo solucionar esta crisis, a pesar de que cada semana haya conferencias de prensa donde se insiste en que ha disminuido el número de delitos o el número de homicidios o de secuestros. Las víctimas, sobre todo, reclaman esta falta de sensibilidad.

¿Será culpa de los municipios, de sus gobernantes locales, de sus cabildos, el que no puedan con el paquete de la inseguridad? Creo que no.


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