Alberto Chiu
Alberto Chiu

Ver nuevamente que instituciones como la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina permanecen en los primeros lugares de confianza de la ciudadanía, quizás ya no sea una noticia tan impactante, pues desde hace años se mantienen ahí gracias a sus labores y a pesar de las muy recientes oleadas de crítica incluso tras las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior. La gente, en su mayoría, sigue otorgándoles su confianza junto con instituciones como la familia, algunas universidades y escuelas, así como hospitales.

Pero que en la misma evaluación hecha por el INEGI nos enteremos de que el nivel de corrupción en trámites gubernamentales va en aumento en los últimos dos años, sí es como para ponerle los pelos de punta a cualquiera. De poco o nada, al parecer, han servido las enormes y costosas campañas mediáticas que insisten hasta el cansancio en que las medidas de transparencia y rendición de cuentas promueven la lucha contra la corrupción.

En Zacatecas, por lo pronto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) señala que los trámites donde más corrupción se detecta por la ciudadanía son principalmente los que tienen que ver con el área de seguridad pública, los relacionados con la apertura de negocios, y los trámites municipales, en ese orden. Y me parece que deberíamos preocuparnos mucho ante tal resultado, pues se trata de impartición de justicia, desarrollo económico y bienestar social.

Entre 2015 y 2017, apuntan los resultados de la encuesta, el número de víctimas de la corrupción en nuestra entidad aumentó más de 63 por ciento. Así como lo oye (o lee). ¿Y todavía nos preguntamos de dónde sale tanta inconformidad para con los gobiernos, sean éstos municipales o el estatal? No se necesita ser un genio para entender que la sensación generalizada entre la ciudadanía es que tenemos, así de simple, una bonita colección de gobiernos corruptos que, además, se desenvuelven en la impunidad más perfecta.

Bajo el argumento de que prácticamente nadie denuncia nada, de que no se pueden abrir carpetas de investigación por actos de corrupción sin que haya quién los señale, y ante la aparente inamovilidad, apatía y desinterés de las que se dicen instancias vigilantes y fiscalizadoras, como la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior del Estado, la gente se ha “acostumbrado” a ver pasar un desfile de burócratas, funcionarios y servidores públicos que se sirven del Estado (y de la gente), sin que lleguen nunca a recibir una buena reprimenda pública, mucho menos pisar al menos temporalmente la cárcel.

Sí, tal vez haga falta que la gente entendamos que la cultura de la denuncia debe enraizarse en nuestra cultura de vida cotidiana. Quizás nos falte entender que debemos estar más atentos ante la posible comisión de un delito aunque sea de un empleado gubernamental menor o de un diputado o de un funcionario de primer nivel del gobierno. Tal vez nos haga falta conocer también los métodos y procedimientos legales con los que podemos elevar nuestras quejas a denuncias y ante qué instancias interponerlas, y cómo darles seguimiento hasta la resolución, sea cual sea pero apegada a derecho y en justicia para todas las partes.

Pero también hace falta que, desde la cabeza de las propias instituciones, venga un manotazo en la mesa para poner orden, para castigar con todas las letras y con todo el peso de la ley, a cualquiera de sus colaboradores que se exceda en sus funciones, atribuciones y facultades, y para que se deshaga de forma contundente e inmediata de aquellos que le hacen mal a su administración y que, por ende, le hacen quedar mal ante sus gobernados.

De cualquier otra manera, el jefe de las instituciones seguirá pareciendo, a los ojos de muchos en la sociedad, una especie de rehén de las malas prácticas de sus colaboradores, un esclavo de los designios de los corruptos, o un simple espectador de un juego en el que debe ser no sólo protagonista, sino efectivamente el capitán del equipo. Nos leemos tras las vacaciones.


Nuestros lectores comentan

  1. RECUERDAN LA DENUNCIA PÚBLICA, DOCUMENTADA POR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL IMPRESO, DE CIRCULACIÓN LOCAL, QUE EXHIBIÓ A VARIOS DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA ANTERIOR LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS; QUIENES HABÍAN CONTRATADO A UNA EMPRESA “FANTASMA” PARA QUE LES PROVEYERA FACTURAS APÓCRIFAS CON LAS CUALES COMPROBABAN EL “USO DE LAS HERRAMIENTAS LEGISLATIVAS”, Y QUE ESE FRAUDE FISCAL ASCENDÍA A VARIOS MILLONES DE PESOS? NADA SE HIZO, NADIE FUE SUJETO A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD. LA IMPUNIDAD ES EL SIGNO CARACTERÍSTICO DE LO QUE PASA EN ZACATECAS.

    • Rubén Cardona Murillo

      Ya lo dijo muy claro la SFP: “permea en muchos ámbitos la corrupción”. Qué habrá querido decir??