Alberto Chiu
Alberto Chiu

Elevaron la voz diversas organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, para señalar que hay al menos una decena de entidades federativas donde, lamentablemente, el Poder Judicial se conduce con opacidad al no hacer públicas –mediante las actuales herramientas de comunicación masiva como el internet– las sentencias que emiten en cada caso y cosa que juzgan. Y el señalamiento es directo contra magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

Éstos, a su vez, argumentan que no las publican en las páginas de internet del Poder Judicial porque la Ley General de Transparencia no los obliga más que a publicar aquellas sentencias que son “de interés público”. ¿Y quién determina qué es el interés público y lo diferencia, por ejemplo del “interés de Estado” o “interés particular”? ¿Bajo qué criterio se discrimina lo que debe ser conocido por el público en general y lo que deber permanecer lejos de su escrutinio?

Quizás sea cierto que la citada ley es ambigua en tal consideración, o que deja abierto el tema al propio criterio del juzgador, pero… nuevamente nos quedamos con la duda: ¿por qué en esta época de tanta y tan presumida transparencia la impartición de justicia debe ser vista como algo que sólo es asequible para unos cuantos, sin importar que en la sociedad haya individuos que, por similitud de casos o por genuino interés personal, quieran conocer una resolución para coadyuvar en otro caso particular que se le parezca?

Las organizaciones de la sociedad civil que elevan tal reclamo, señalan a los jueces y magistrados de tribunales de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y, por supuesto, Zacatecas. Pero además de hacer el señalamiento por considerar que con semejante opacidad no se puede apreciar el criterio que utilizan para juzgar, abren también otra veta de suspicacia: esa opacidad puede prestarse para que haya corrupción e impunidad en la impartición de justicia. ¿Así o más grave?

No son pocas las opiniones de personas que, tras conocer una resolución judicial que les afecta, se quejan –en voz baja generalmente– de que los criterios que se usaron en sus respectivos juicios no fueron los mejores por parte de los jueces, pero de esas opiniones personales no pasa, pues en realidad todo el asunto permanece oculto a los ojos de la ciudadanía. ¿Están los juzgadores por encima de cualquiera de los otros Poderes, como para no hacer públicas sus resoluciones?

Claro que no lo están, y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Armando Ávalos Arellano, lo acepta al decir que en cuanto la ley los obligue, estarían en posibilidades de publicar todas las sentencias que sea necesario publicar.

¿Para qué esperarse? Me parece que tomar esa especie de “trinchera” esperando una decisión judicial superior o un mandato legal está de más, sobrepasa una posible “buena voluntad” de los juzgadores en materia de transparencia y los coloca –o más bien ellos se colocan– en un puesto de comodidad dentro de la opacidad.

Se supone que el acto de juzgar no debe ser ni motivo de vergüenza ni de ocultación, sobre todo cuando los criterios para tal hecho están perfectamente cimentados en el derecho y se atiende tanto al bien común como al motivo del juicio en particular y de los actores involucrados en él. ¿Qué necesidad habría de limitar la publicación de una resolución, si está tomada en conciencia, lejos de cualquier coacción ilegal, de una manera ética y moral en base a la experiencia propia de cada juzgador y del conjunto de mentes que laboran en los tribunales?

Ojalá en el Tribunal se decidieran a dar ese paso adelante sin la necesidad de que se los obliguen, en el entendido de que la tarea de juzgar es tanto un honor como una altísima responsabilidad que no está exenta del escrutinio público ni de los posibles errores que puedan cometer, y de que su función es de beneficio general.


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