FRANZELY REYNA, CLAUDIO MONTES DE OCA Y KAREN CALDERÓN/NTRZACATECAS.COM
FRANZELY REYNA, CLAUDIO MONTES DE OCA Y KAREN CALDERÓN/NTRZACATECAS.COM

Armando Avalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas (TJSEZ), aseguró que se encuentra a favor de que las sentencias que se emiten por jueces y magistrados del estado se transparenten; sin embargo, resaltó que no se realiza, puesto que no existe alguna norma que lo especifique.

El representante del Poder Judicial, aseguró que incluso el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), otorgó el cien por ciento de calificación por cumplir con los lineamientos de transparencia.

“En ese tenor yo sí estaría por que se reformara este artículo y se dijera que los poderes judiciales tienen la obligación de publicar todas sus sentencias, punto, cumplimos y ningún problema. Yo estaría porque si se hiciera”.

Otra de las opciones que marcó Avalos Arellano, para que se publiquen las sentencias, es que una autoridad federal interpretara el artículo 73, fracción 2 de la Ley General de Transparencia como: “que todas las sentencias deben ser publicadas y entonces publicaríamos todas nuestras sentencias”.

De igual manera, resaltó que como su labor se basa en la confianza que ponen particulares, “yo si estaría a favor de que se publiquen todas las sentencias, si llegamos a ese punto yo estaría encantado de la vida, si la confianza de la sociedad la obtenemos de esa manera no pasaría nada si damos ese paso”.

 

Propone llevar caso al sistema nacional

En entrevista con los comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), informaron que derivado de la demanda de amparo contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) por opacidad, se presentó la propuesta en pleno para llevar el caso al Sistema Nacional de Transparencia.

José Antonio de la Torre Dueñas, comisionado presidente, así como Norma Julieta del Río Venegas y Samuel Montoya Álvarez, coincidieron en que las facultades del instituto sólo permiten apelar a la “buena fe” del TSJEZ como sujeto obligado, por lo que se propone que se deba abrir la información.

Del Río Venegas recalcó que el instituto, al contar con la información, la da por válida, ya que el artículo 43 fracción 2 de la Ley General de Transparencia establece que el TSJEZ deberá publicar las sentencias de interés público.

“El tema de ‘interés público’ es muy subjetivo, para ellos. ¿En qué se basaron para determinar que no tenía interés público o sí tiene una sentencia? Nosotros desconocemos esa situación, nosotros abonamos a la buena fe al momento de cumplir con sus obligaciones y simplemente establecer que no tienen sentencias de interés público”, comentó.

La propuesta generada en sesión de pleno del Izai acuerda que el caso se lleve al Sistema Nacional de Transparencia para determinar criterios al respecto. “Hoy en día estamos en la carga del  primero trimestre de 2018. Cumplieron con esto pero, ¿cómo se determina cuáles son de interés público y cuáles no?.

“El acuerdo del pleno fue solicitar la ayuda de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia”, complementó.

Por su parte, Samuel Montoya Álvarez comentó que el concepto de Interés Público “no está definido a razón de que el interés público debería ser lo que de manera importante afecte a una comunidad, pero no hay una claridad.

Creo que el ejercicio de este juicio de amparo que se está llevando a cabo en la Ciudad de México en un juzgado de Distrito, en su momento deberá ser importantes en cuanto al precedente que pudiera establecerse respecto a un criterio de interés público”, recalcó.

José Antonio de la Torre Dueñas, por su parte, refirió que este suceso obligará a revisar los criterios para considerar si una sentencia es de interés público.

 

Necesaria, reforma de Ley General de Transparencia: González Navarro

El ex procurador de Justicia del Estado, Aquiles González Navarro, advirtió que se debe de reformar la Ley General de Transparencia para que se especifique cuáles son las sentencias de interés nacional.

Al respecto, explicó que la publicación de sentencias sirve para que las personas conozcan el trabajo que realizan los jueces, acción que toma relevancia con la aplicación de transparencia en los distintos organismos.

Asimismo, González Navarro detalló que sólo “se deben publicar las sentencias más relevantes, pero este es el problema: ¿cuáles son las sentencias más relevantes?, porque la ley no lo establece”.

Al respecto, agregó que una de las sentencias que deben ser publicadas son las que se dan al concluir un juicio oral.

Refirió que con el nuevo sistema de justicia penal, cuando se paga el daño y el acusado se declara culpable entra el procedimiento abreviado, los juicios no llegan a una sentencia de juicio oral.

Afirmó que se debe ver el mecanismo y quiénes serán los encargados de establecer cuáles son los asuntos que tiene una importancia social, siendo este el problema de aplicación de la ley.

A la par sostuvo que la única falla que tiene la ley es especificar los asuntos de interés nacional, debido a que los temas pueden ser variables, desde el homicidio de un niño, feminicidios, o un homicidio doloso.

“Es muy oscuro eso de la publicación, y para ser más precisos se debe reformar la ley para especificar cuáles con las sentencias que debe ser publicadas, con mucha precisión”, sostuvo.

 

Ambiguos, lineamientos sobre “interés público”

El magistrado Arturo Nahle García sostuvo que se deben realizar lineamientos que especifiquen la obligación de los tribunales respecto a publicar todas y cada una de las sentencias que se emiten, o, en su caso, que las sentencias se hagan públicas reservando los datos personales.

Al respecto, dio a conocer que sólo existe una disposición en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a publicar aquellas sentencias que sean de interés público para la nación, “y hasta este momento ninguna de las sentencias que hemos emitido, ninguna, se ha considerado de interés público para la nación”.

El también ex procurador de Justicia del Estado afirmó que esta disposición es ambigua, puesto que “puede ser que lo que sea de interés público para una persona, no lo es para otra. ¿Qué debemos considerar? ¿qué debe considerarse como de interés público? Esto nos lleva a concluir que nos faltan lineamientos, para que se precise qué debe ser considerado como de interés público para la nación y que no”.

“En este momento veo dos opciones, una es publicar todas nuestras sentencias y que cada quién determine qué es de su interés y qué no, reservando datos personales, y la otra es emitir lineamientos dónde se establezca qué es de interés público nacional y qué no”, sentenció.

Enfatizó que la mayor parte de los juicios que se emiten en Zacatecas corresponden a materia familiar, con asuntos relacionados a divorcios, sucesiones o herencias y demandas de convivencia familiar, por lo que cuestionó que “las sentencias que se emiten, ¿serán de interés público nacional?”.

Asimismo, Nahle García sugirió que las organizaciones involucradas deberían asistir con los legisladores, para que se puedan realizar las reformas necesarias en la Ley General de Transparencia, para no dejar ambigüedades.


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