ALBERTO MORONES/NTRZACATECAS.COM
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ZACATECAS.- Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Zacatecas obtuvo la calificación reprobatoria de 5.52, la más baja en los últimos 10 años.

María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), expuso que tras el informe de supervisión realizado en los centros regionales de reinserción social (Cereresos) de Cieneguillas, varonil, femenil, así como el de Fresnillo, el Centro de Internamiento Juvenil y los 16 establecimientos penitenciarios del estado, se detectaron deficiencias en infraestructura, equipamiento, condiciones de higiene, servicios de salud y alimentación para internos.

Se destacó además la ausencia parcial de normatividad en protocolos que rigen los centros, así como una falta respecto al número de personal custodio, médico, de criminología y psicología, “lo que ha derivado violación a los derechos de la vida, integridad y seguridad de los internos, pues tan sólo en el centro penitenciario de Cieneguillas, de 2017 a 2018 han muerto 11 personas”.

Está ausente también la aplicación de actividades de trabajo, educativas y de deporte, así como acciones recreativas para los ingresados.

Domínguez Campos sentenció que existe ausencia en el control efectivo por las autoridades al interior de los establecimientos, pues “se ha permitido el ingreso de artículos prohibidos por la ley, como teléfonos, armas, granadas de fragmentación, drogas, entre otros, que vulneran el control, al favorecer la violencia en el mismo”.

Refirió que asimismo se incumple la obligación de salvaguardar los derechos de los ingresados, y la posibilidad de que las penas privativas cumplan el objetivo de readaptación y reinserción social de los convictos.

La ombudswoman agregó que en algunos establecimientos no hay separación entre sentenciados y procesados, ni una clasificación criminológica. Mientras que en cuestión a las acciones para la prevención de incidentes violentos internos, como homicidios, suicidios, riñas, motines, fugas, entre otros, no han sido lo suficientemente efectivas.

“Existe poca atención a personas indígenas, la diversidad sexual, con enfermedades crónicas degenerativas y VIH, pues no se les garantizan sus derechos humanos y no hay mecanismos para evitar su discriminación”, sentenció.

Respecto al Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, Domínguez Campos precisó que uno de los puntos críticos, es que no cuenta con los requerimientos y condiciones basados en los estándares internacionales de protección de derechos humanos a los jóvenes internos.

“El lugar que ocupa el centro originalmente estaba destinado para una institución educativa. No fue construido de manera ex profeso para un centro de internamiento, lo que significa que no cuenta con los requerimientos que exige la ley, además no reúne las condiciones mínimas de seguridad, al estar en una zona despoblada, lo que ha generado fugas, atentados, motines y sustracción de jóvenes por grupos delincuenciales en el pasado, poniendo en riesgo no sólo a la población interna, sino al personal que labora”.

Enfatizó que “el personal de psicología es insuficiente, siendo fundamental esta atención para los jóvenes, con personal capacitado y suficiente. Sólo hay dos especialistas y se carece de un médico de psiquiatría, que impide un tratamiento adecuado desde un proceso real de desintoxicación por consumo de drogas, y procesos encaminados al restablecimiento de sus salud mental, para la reinserción del joven en la sociedad”, enfatizó.

Estipuló que la CDHEZ considera necesario la construcción de un inmueble que alberge las condiciones de infraestructura adecuada, y que cuente con las áreas específicas, ya que “en los últimos años se ha aumentado considerablemente el número de jóvenes que han sido vinculados por la presunta comisión en circunstancia con la ley penal”.

“Las autoridades de Seguridad Pública y penitenciaria deben adoptar las medidas presupuestales normativas e institucionales necesarias para la implementación de una auténtica política pública encaminada a la conducción adecuada del sistema penitenciario del estado. Por lo tanto se deben construir nuevos establecimientos penitenciarios acordes a los estándares internacionales en cada distrito judicial, a fin de que la imposición de las penas privativas de la libertad logren la reinserción social”, subrayó.

En cuestión a la propuestas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) de cerrar juzgados de control, la ombudswoman consideró que “se debe reconsiderar esta propuesta en virtud a que la sociedad zacatecana debe tener justicia a través de instancias judiciales lo más cercanas posible”.

“Igualmente se pronuncia para que la Fiscalía General del Estado (FGJE) mantenga aperturadas sus áreas de Ministerio Público en el mayor número de municipios de la entidad, particularmente en cada distrito judicial, para que los ciudadanos puedan acudir a interponer sus denuncias cuando les sea afectada su esfera de derechos, y con ello abatir la cifra negra tan alta que hay en Zacatecas y en el país, donde resalta existir la comisión de delitos y estos no se denuncian, en primera instancia, porque no hay confianza en las autoridades, y en segunda, porque no hay audiencias del Ministerio Público cercanas”, puntualizó.


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