Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento

“El genio del juicio político es que puede castigar al hombre sin castigar el cargo.”

Arthur M. Schlesinger, Jr.

En estos tiempos es muy raro un voto unánime en la Cámara de Diputados, pero el 18 de abril, 360 diputados de todos los partidos (los otros 140 quién sabe dónde andaban) votaron al unísono por eliminar el fuero para funcionarios y legisladores, incluido el presidente de la república. Todos trataron de adjudicarse la paternidad de la iniciativa. Los priístas bautizaron como Ley Meade. Ricardo Anaya la señaló como un triunfo del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. La disputa por la paternidad ratifica que se trata de una iniciativa popular en estos tiempos electorales. El fuero es identificado por millones como una de las razones de los abusos del poder. ¡Cuántos casos hemos visto de diputados y senadores que se escudan en el fuero para no ser sancionados por faltas de cualquier tipo! ¿Recuerda usted a Antonio Enrique Tarín García, ex director de adquisiciones del gobierno de Chihuahua de César Duarte, quien durmió en la Cámara de Diputados la noche del 27 al 28 de marzo de 2017 para tratar de tomar protesta como diputado y obtener el fuero que le permitiría escapar a una orden de aprehensión por presunto peculado? No cerremos los ojos; sin embargo, a las razones por las que existe el fuero. La protección a gobernantes y legisladores estaba ya en la Constitución de 1824, cuyo artículo 107 establecía: “El presidente, durante el tiempo de su encargo, no podrá ser acusado sino ante cualquiera de las cámaras, y sólo por los delitos de que habla el artículo 38, cometidos en el tiempo que ahí se expresa.” Ese artículo restringía los delitos para juzgar al presidente a “traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno”. El artículo 103 de la Constitución liberal, la de 1857, señalaba que el presidente “durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común”. El texto original de la Constitución de 1917 señaló en su artículo 108: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, y delitos graves del orden común.” Este párrafo se mantiene en vigor todavía. México no es el único país que otorga protección al gobernante. En Estados Unidos el presidente tampoco puede ser juzgado mientras se encuentra en funciones. Primero debe ser objeto de un juicio político y, solo entonces, procesado. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países democráticos. La protección constitucional tiene el simple propósito de permitir que el gobernante gobierne. Cualquier mandatario se enfrentará a cuestionamientos y ataques. El fuero busca liberarlo de enfrentar una interminable tormenta de procesos judiciales para que pueda concentrarse en gobernar. En Brasil la presidente Dilma Roussef sufrió 37 iniciativas de juicio político. Al final fue destituida por supuestamente haber maquillado información estadística. Ella afirma, y con razón, que la medida fue un golpe de estado en su contra. La unanimidad de los diputados en la votación para quitar el fuero refleja un intento de conseguir votos en un período electoral. Eliminar el fuero es una medida popular. Unos cuantos, sin embargo, señalan los riesgos. Gerardo Fernández Noroña, candidato de Morena a una diputación federal, apunta en Twitter: “Si algo salvó a @lopezobrador_ fue el fuero. Evitó que lo quitaran a la mala de la carrera presidencial en 2006.”

 

La aguja

El debate es importante, pero también los debates sobre el debate. Si bien todos los candidatos se presentan como ganadores, lo importante ahora es ver si se mueve la aguja en las próximas encuestas.

 

Twitter: @SergioSarmiento


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