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CIUDAD DE MÉXICO. Los abusos de la Patrulla Fronteriza han salido caros a migrantes y ciudadanos de Estados Unidos.

De 2005 y hasta julio de 2017, el Gobierno federal ha pagado 60 millones de dólares en acuerdos de silencio a familiares y víctimas por muertes, lesiones, casos de violencia injustificada, deportaciones de ciudadanos, entre otros, según una investigación del diario británico The Guardian.

“Desde que asumió el cargo, Donald Trump ha presionado para expandir las fuerza de Patrulla en la frontera sur”, señala el medio.

“(Pero) la revisión de datos de acuerdos legales y los detalles encontrados en los registros judiciales despiertan inquietudes sobre la interacción de los agentes con civiles, tanto nativos como inmigrantes”.

De acuerdo con la investigación, el Gobierno federal ha resuelto al menos 20 reclamos por muerte injusta en nombre de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) desde 2003, en incidentes que incluyen disparos, golpes, y colisiones.

Además, 47 millones de dólares se destinaron a pagar acuerdos con víctimas de accidentes ocasionados por la conducción imprudente de vehículos de la CBP.

Seis de los accidentes fueron mortales y 18 terminaron con lesiones graves, incluidas amputaciones y discapacidad.

En tanto, cuatro personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente, llegaron a un acuerdo monetario tras haber sido deportados erróneamente.

También se pagaron más de 650 mil dólares a cuatro personas que recibieron disparos y sobrevivieron, señala el medio.

Otros 6 millones de dólares se pagaron a hombres y mujeres que dijeron haber sido arrestados por prejuicios raciales, detenidos durante horas y, en algunos casos, agredidos.

Víctimas describen haber sido apuntadas con un arma en la cabeza y recibir golpizas en los puestos de control, cruces, en el desierto, en un aeropuerto, frente a sus hijos e, incluso, en su propia casa.

El análisis de The Guardian se produce después de que el agente Lonnie Swartz fuera absuelto en abril de un cargo de homicidio por disparar 16 veces desde suelo estadounidense al adolescente mexicano José Antonio Elena Rodríguez en Nogales, Sonora.

Según Chris Rickerd, de la ONG Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, los pagos revelan un patrón de conducta indebida mucho más amplio, pues muchos de los reclamos ni siquiera llegan a la justicia.

“Los tribunales cierran la puerta (a las víctimas), no sólo en el dinero que piden en las demandas, sino para presentar una queja y ser escuchadas”, aseguró a The Guardian.


Nuestros lectores comentan

  1. Vcente Loera Mier

    Los agentes fronterizos ya estan cansados de estar deteniendo a cuanta persona se pasando para este lado, Sino quieren ser disque abusados no anden pasandose para este lado y ni see sientan orgullosos que son los unicos que limpian los escusados