Agencia Reforma / ntrzacatecas.com
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La falta de justicia ante crímenes atroces cometidos en México evidencia la urgencia de ayuda internacional para acabar con la impunidad en el País, plantea un informe de la organización internacional Open Society Justice Initiative (OSJI).

 

El documento, que se dará a conocer este mediodía, retoma casos como la masacre de Allende, en Coahuila, cuando el estado era gobernado por Humberto Moreira, para establecer que el vínculo entre criminales y autoridades genera un pacto de impunidad que sólo puede ser quebrado por agentes externos y autónomos.

 

«La violencia extraordinaria que México sufre y las preguntas que surgen sobre la colusión entre actores estatales y el crimen organizado, exigen una respuesta proporcional con la dimensión y la gravedad del problema», se establece en el informe titulado «Corrupción que mata».

 

«La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del Gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo».

 

En ese sentido, la OSJI duda de los alcances que puedan tener en México la aplicación de reformas como la creación de una Fiscalía General autónoma y el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

En entrevista, el director ejecutivo de OSJI, James Goldston, consideró que uno de los principales problemas en México es la voluntad política, pues destacó que el País tiene los recursos suficientes para impartir justicia.

 

«No es una cuestión fácil, por su puesto, hay cuestiones de orgullo nacional, entendemos eso, pero esto ha ocurrido en varios países y la lucha por la justicia es un proceso muchas veces largo», comentó.

 

«Veinticinco mil homicidios en un año y casi ninguna rendición de cuentas, es un problema muy grande y debe ser parte de un debate nacional».

 

Goldston, al igual que Eric Witte, gerente senior de proyectos de OSJI, advirtieron en el próximo cambio de Gobierno federal una oportunidad para impulsar la llegada de un mecanismo internacional en México.

 

«Si un nuevo Gobierno quiere restaurar la confianza hacia el sistema de justicia procesal penal, se necesita algo más radical, algo que rompa con la inercia del pasado», advirtió Witte.

 

«Claramente el actual Gobierno ha dicho que no a un mecanismo internacionalizado, pero hemos observado que la idea se ha discutido en las campañas presidenciales, por ejemplo cuando un asesor de Andrés Manuel López Obrador dice que México necesita toda la ayuda, o cuando el señor (RIcardo) Anaya dice que solicitará la ayuda de Naciones Unidas», agregó.


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