Alberto Chiu
Alberto Chiu

La plataforma implementada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para que los funcionarios públicos presentasen sus declaraciones Fiscal, Patrimonial y De Intereses, y de esa manera generasen confianza en los ciudadanos, parece importarles poco a los candidatos que actualmente compiten por un cargo de elección popular, al menos en Zacatecas.

Y es que según las consultas realizadas en dicha plataforma (www.3de3.mx), apenas 3 de los más de 300 candidatos han publicado las señaladas declaraciones, en un ejercicio totalmente opaco de su aspiración, y en detrimento obvio de esa confianza popular. ¿Será acaso que de verdad no les interesa o no quieren que la gente sepa cómo andan sus propiedades, sus finanzas o sus relaciones, para no “comprometerse” una vez que ganen los cargos para los que están propuestos?

Yo no sé a qué le tengan miedo (si es que lo tienen), o si se sientan expuestos ante la inseguridad (tanto o más como lo está prácticamente cualquier ciudadano en las actuales circunstancias de violencia), o si de plano piensan que es como “enseñar los calzones” cuando quieren presentarse como sencillas y humildes palomitas blancas, a riesgo de que su publicación devele cosas que, según ellos, no conviene que sepa la ciudadanía.

Pero el hecho es que aparentemente el concepto de “transparencia” que tanto mencionan en los discursos sólo ocupa su acción de dientes para afuera, y en realidad se siguen manejando en la total opacidad sobre cómo es que llegan a la candidatura, para que no sea comparable con su situación cuando terminen de ejercer el cargo, y para que no se les tache luego de que se enriquecieron “inexplicablemente”, aunque todo mundo sepa cómo lo hicieron.

Y no solamente en el ámbito de sus posesiones, sino quizás de manera mucho más importante, el ámbito de sus relaciones: con quiénes tienen negocios, quiénes son sus familiares o allegados, y si acaso pudiera existir la posibilidad de otorgar beneficios o prebendas en base a la “cuatitud” o la “empatía” o el “compadrazgo” con alguno, tal como ha sucedido desde hace muchos años en el ámbito de la política mexicana.

No es una novedad, por supuesto, saber que hay gobiernos a los que se les ha señalado porque la obra pública es asignada no en base al profesionalismo de quienes pretenden hacerla, sino en base a la “cercanía” del constructor con quien ejerce el poder. No es novedad que haya adquisiciones que se brincan los protocolos de las convocatorias e incluso de las normas de compras, porque son asignadas a amigos del poder. Pero aunque no sea una novedad todo ello, en realidad poco se hace por detenerlo, o incluso por pugnara para que sean las mejores propuestas las que se lleven dichos contratos.

Sin embargo, permítaseme dudar de que, aun presentando las declaraciones 3de3, no habrá más esas prácticas de preferencias o asignaciones selectivas. Porque aunque la ley determine qué y quién puede o no puede participar –por ejemplo– en contratos o asignaciones de obra o de adquisiciones, siempre ha quedado la cochina duda de que quien gana las convocatorias son, muchas de las veces, ganadores por cercanía con los círculos del poder temporal, aunque no sean ni los mejores, ni los más eficientes, ni los más baratos, ni los que podrían traerle al estado un mayor beneficio.

¿Le tendrán miedo los candidatos pues a revelar sus relaciones de cercanía, para luego no tener que presumir que “los amigos y la familia” estarán fuera del gobierno, y después echarse para atrás en los hechos? ¿Tendrán preocupación porque la gente no se dé cuenta de que hay quienes se han beneficiado irresponsable y cínicamente del erario, a costa de los ciudadanos y de la sociedad en general?

Creo que no deberían tener esa preocupación, pues no es una novedad tampoco. Y que tampoco deberían preocuparse tanto, si su intención es no perpetuar esa clase de “ejercicio del poder por compadrazgos”. Al fin de cuentas, eso se sabe, y el rancho es tan chiquito que todos nos damos cuenta.


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