Alberto Chiu
Alberto Chiu

Seguramente más de una vez ha escuchado usted, amable lector, la queja de algún amigo o conocido que, presas de la impotencia y hasta con coraje, aseguran haber sido testigos o incluso víctimas de algún intento de chantaje por parte de funcionarios públicos, quienes les condicionaron la prestación de un servicio a cambio de una mochada, una mordida, o algún favor ya fuera económico o en especie.

Sin embargo, seguramente también ha escuchado al mismo tiempo que a esas personas que se sienten agraviadas por tales actos ilegales de la autoridad, decidieron no interponer denuncia o queja alguna en contra de ellos, y dan múltiples razones: “ni les van a hacer nada”, o “todos están involucrados”, o “al rato el que va a llevar la de malas es uno”, o “me van a fichar para siempre”, o “me van a mandar una y mil auditorías”…

Póngale usted el pretexto que quiera. El hecho, tal como lo confirma Raquel Velasco Macías, la magistrada presidente del muy nuevo Tribunal de Justicia Administrativa –que además es parte del Sistema Estatal Anticorrupción–, los casos que investiga por actos de corrupción o irregularidades varias, han salido generalmente de auditorías que se hace a las dependencias, y no de denuncias interpuestas por particulares, por ciudadanos comunes y corrientes.

¿Por qué? Pues simplemente como ella misma lo reconoce, a los zacatecanos nos falta muchísimo camino por recorrer para fomentar y hacer nuestra la cultura de la denuncia. Y quizás también porque, aunque ella no lo dice pero lamentablemente también lo vemos a menudo, muchos de los que se dicen víctimas de la corrupción han cedido a ella, se han convertido en cómplices de los corruptos desde el gobierno y ahora temen que, si denuncian, caiga también sobre ellos la acción de la justicia. Y tienen razón en ello, pues la nueva normatividad así lo marca, y la ley los perseguirá también a ellos.

Así que no se trata solamente de denunciar cuando ya se ha cometido un acto de corrupción; se trata también de denunciar cuando se intenta corromper a algún ciudadano, violar una norma, pedir favores a cambio de servicios públicos, etcétera. Y aquí nos enfrentamos al otro problema: ¿cómo demostrará el ciudadano que se intentó llevar a cabo un acto de corrupción y con qué pruebas podrá fincarse alguna responsabilidad al servidor o funcionario presuntamente corrupto?

Lamentablemente, esa duda enorme sólo parece fundamentar más todavía la desconfianza que ya de por sí le tiene el ciudadano común y corriente a las autoridades, y mucho más a las autoridades judiciales que, gracias a la triste historia de sus actuaciones, han dejado ir a peces flacos, medianos y gordos, y sin embargo sí han acarreado problemas a quienes denuncian o señalan la corrupción. ¿Cómo le hará la autoridad para generar confianza?

Peor aún, como lo señala la propia Velasco Macías, luego muchas veces al corrupto poco le importa pasar un tiempo “a la sombra”, pues cuando salga podrá disfrutar de lo mucho que robó pues lo tenía guardadito en algún paraíso fiscal. Y eso hace trizas la confianza ciudadana.

Efectivamente, el endurecimiento de las sanciones para quienes se corrompen e intentan corromper a otros aprovechándose del puesto público que ejercen, que permita no sólo su castigo como la cárcel o la inhabilitación para ejercer cargos, sino también el resarcimiento de los bienes o recursos que le birlaron al Estado –y a los ciudadanos– será una forma de convencer a los ciudadanos de que algo están haciendo para combatir la corrupción.

Pero esa otra parte que falta, la de la iniciativa que deben tomar quienes son víctimas de cualquier cochupo –o intento de transa, pues– no la podemos soslayar los ciudadanos. Nos toca interponer las denuncias correspondientes tanto si se trata de un intento de mordida de un oficial de tránsito, como si se trata de una exigencia de diezmo para participar en obra pública. Si no nos quejamos ahora… después no nos quejemos de que nadie lucha contra la corrupción.


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