Alberto Chiu
Alberto Chiu

Con calma, como para no dejar ver una preocupación mayor –que debería, creo–, ayer el responsable de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Zacatecas, Gerardo Reyes Rodríguez, dijo en entrevista con medios que la situación de los incendios forestales en toda la entidad es delicada, pero que su personal se “tuvo que retirar” de la zona de Jiménez del Teúl, por ejemplo, porque “hay gente armada ahí”.

Relató cómo hasta en dos ocasiones personas armadas los han corrido de ahí a pesar de que el incendio sigue consumiendo cientos de hectáreas, y que no sólo a gente de Conafor sino de otras dependencias que también han sufrido las amenazas. Mientras tanto, también en Monte Escobedo se reportan otros incendios forestales que requieren la intervención inmediata y urgente de dependencias como la propia Protección Civil, quizás la Conafor y hasta el Ejército Mexicano.

¿Qué sigue? ¿Junto a las brigadas de auxilio ahora también tendrá que enviarse seguridad pública para proteger a los servidores públicos que acuden a brindar un apoyo a la población? Me parece que la situación se ha salido totalmente de las manos y no se ve el límite a donde puedan llegar los delincuentes tanto en la comisión de ilícitos como, ahora en este caso, en la obstrucción de la autoridad para labores que puedan ser de carácter humanitario, de protección al medio ambiente, o de auxilio a la población en situaciones de desastre.

No son nuevas las historias, así como la que ahora contó Reyes Rodríguez, acerca por ejemplo de médicos que, enviados a ciertas comunidades donde de sobra se sabe que hay presencia de células delincuenciales, luego acaban renunciando a sus labores por temor precisamente a ser víctimas de esos grupos.

Ni son nuevas tampoco las historias de profesores que prefieren dejar vacantes ciertas plazas de lugares donde el miedo es más grande que su necesidad de trabajar, o incluso mucho más grande que la fuerza de su vocación, pues prefieren mejor cuidar la vida que la plaza de maestros.

Pero cuanto más comunes son esas historias, más común es también la ratificación social de su percepción acerca de lo que se está haciendo en materia de seguridad: nada. O casi nada, pues mientras se dan esos casos, aquí las conferencias de prensa semanales se centran en informar (tardíamente, como siempre) de detenciones de algún ladrón, o de un narcomenudista, o del aseguramiento de un coche robado… ¿y los casos de alto impacto? No, de ello no.

Tal parece que estamos llegando al extremo de que sean los delincuentes quienes “dan permiso” o lo niegan para que el gobierno pueda hacer su trabajo. Y eso, aquí y en donde quieran, se llama ingobernabilidad. O por lo menos, falta de contundencia de la autoridad para hacer su trabajo. Y si eso pueden hacer los delincuentes con quienes representan la autoridad de este país, ¿qué puede esperar el ciudadano común y corriente para sí mismo?

Es preocupante que, ante hechos como éste, empecemos a tener en el estado una especie de “zonas de exclusión” o “zonas fuera del control del gobierno”. Es decir, áreas enteras de la entidad donde quien se impone es cualquiera de los grupos delincuenciales, por encima de cualquier autoridad municipal, estatal o federal. Es preocupante además que, en esas condiciones, esos grupos aprovechen la ausencia de autoridad para empezar a hacer –como ha sucedido en otras partes del país– una “base social” que después incluso justifique y hasta proteja a los delincuentes.

¿Y nos siguen diciendo que todo va viento en popa, que cada semana hay resultados positivos, que se va avanzando rumbo a la recuperación de la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos de Zacatecas? ¿Insisten en que ya hay un cambio de estrategia y que los resultados se verán de aquí a unos años cuando den fruto las estrategias de prevención? ¿Qué ya estamos mejor de lo que estábamos antes? Mejor que nos cuenten una de vaqueros.


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