FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
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ZACATECAS.- Por segunda ocasión compareció ante el Poder Legislativo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ismael Camberos Hernández, con el fin de dar a conocer a los integrantes de la LXII (62) Legislatura cifras y acuerdos con otras instituciones en materia de seguridad.

Punto por punto expuso la participación de la SSP en el Programa Estatal de Seguridad Pública 2017-2021; la mayoría de los diputados cuestionó la eficacia del programa y las acciones que implementan para disminuir la inseguridad en el estado; incluso, legisladores de oposición pidieron cambiar las estrategias que no han brindado resultados satisfactorios.

Camberos Hernández evadió los cuestionamientos de diputados relacionados a la confianza que tiene hacia los elementos que conforman la corporación. Al respecto, no dijo si confiaba o no en sus policías; en cambio, resaltó que la ciudadanía sí aumentó la confianza hacia los efectivos de la SSP.

Reconoció que algunos elementos no pasaron los exámenes de control y confianza, y según la ley, tienen que realizar una depuración las corporaciones, a más tardar en 2019; sin embargo, pidió a los legisladores den recurso a la SSP, pues necesitan dinero para liquidar a los policías reprobados que aún trabajan.

Durante la comparecencia, otro de los señalamientos hechos al funcionario estatal fue la presunta responsabilidad de un elemento de seguridad en la sustracción de un joven de su hogar y su posterior asesinato.

El titular de la corporación policial aclaró que el elemento señalado, John Casara Luna El Colombiano, fue contratado por la administración pasada, con Miguel Alonso Reyes como gobernador, para que fungiera como técnico en tácticas especializadas.

El Colombiano cuenta con autorización legal por parte de la Secretaría de Gobierno (Segob) y el Instituto Nacional de Migración (INM) para trabajar en el estado, permiso que vence en 2019.

De igual manera, reconoció que 44 investigaciones se realizan en contra de elementos de seguridad, 19 de ellas concluidas. Se han girado 22 instrucciones a policías y seis elementos se encuentran destituidos de sus funciones.

En otro tema, Camberos Hernández minimizó los indicadores en delitos como secuestro y homicidio, aun cuando se le recordó que 2017 fue el año con mayor número de asesinatos registrados, con 727.

Aclaró que al corte de 17 de junio de 2017 se tenía 300 homicidios dolosos, a la misma fecha, pero del presente año, se registraron 303, lo que quiere decir que se tiene 0.9 de incremento en homicidios.

“Estamos conscientes de que no se ha disminuido. Se ha mantenido el indicador, pero confiamos que vamos a tener una disminución a final de año”, resaltó.

Respecto al crimen organizado, expuso que “atacan” por igual a los grupos antagonistas que se encuentran en la entidad; a pesar de ello, usan estrategias para hacerse más fuertes.

Además, aclaró que muchos de los grupos cuentan con entrenamiento militar, y calificó de fracaso cada muerte provocada por estos grupos, a lo que los legisladores fueron claros y aseguraron que no sirve de nada continuar lamentándose, sino en cambiar las estrategias que han dado resultados insipientes.


Nuestros lectores comentan

  1. que explique porque el colombiano andaba de operativo comandando un grupo especial y armando con arma corta y larga las cuales las tenia en su casa los días de descanso privilegio que ningún elemento de la estatal lo tiene y el si siendo extranjero para que importan delincuentes si los de aquí no los pueden someter y usted sr gobernador ya no se acuerda que dijo en su campaña que si no podía renunciaba como esta el estado y usted no se a ido

  2. mientras que el colombiano haga de las suyas no soluciono nada con esto (El titular de la corporación policial aclaró que el elemento señalado, John Casara Luna El Colombiano, fue contratado por la administración pasada, con Miguel Alonso Reyes como gobernador, para que fungiera como técnico en tácticas especializadas.

    El Colombiano cuenta con autorización legal por parte de la Secretaría de Gobierno (Segob) y el Instituto Nacional de Migración (INM) para trabajar en el estado, permiso que vence en 2019.)