Jenny González Arenas
Jenny González Arenas

Hay imágenes que por más que nos preparemos psicológicamente para ello, no podemos tolerar, una de esas imágenes es la de ver sufrir a un niño o a una niña.

El sentido de solidaridad humana, pero sobre todo, la imagen de los niños como seres indefensos, que necesitan cuidados, atención y cariño, es lo que motiva la frustración ante imágenes como las que circulan en últimas fechas en los medios de comunicación sobre niños que son separados de sus padres y encerrados en jaulas como consecuencia del recrudecimiento de las políticas migratorias en nuestro país.

El tema tiene varias aristas que deben ser abordadas de manera conjunta, puesto que entran en colisión varios derechos y varios sujetos, lo que lo hace aún más complicado.

En primer lugar tenemos la soberanía nacional, que teóricamente es la facultad de las naciones de dictar sus propias reglas, Estados Unidos está ejerciendo de manera plena su soberanía.

En segundo lugar tenemos el derecho a una vida digna, que implica no sólo el hecho de tener vida, sino de que ésta tenga ciertas características que permitan el desarrollo de la dignidad humana, por lo que toda persona tiene derecho a buscar la mejor forma de lograr esa vida digna, muchos se ven obligados a migrar.

En tercer lugar, el derecho de los niños a gozar de una familia, lo que implica que si la tiene, no puede ser separado de ella de manera arbitraria.

En cuarto lugar, el derecho de los niños de gozar de condiciones de higiene, educación, alimentación dignas acorde a su nivel de desarrollo fisiológico, emocional e intelectual.

En quinto lugar, el fenómeno migratorio está sujeto a normas de carácter administrativo, no penal, por lo que una persona que entra en un país distinto al de su nacionalidad, será sujeto a las normas administrativas correspondientes en la materia, no deberá ser tratado como delincuente. Por eso es que se dio el uso de la palabra “indocumentado” en lugar de “ilegal”, porque no es lo mismo no contar con los documentos para internarse de manera ordenada a un país, que encontrarse fuera de la ley realizando un acto prohibido y considerado como delito.

Como podemos ver, no es un tema sencillo. Nosotros mismos podríamos cuestionarnos que trato daríamos a una persona que entre a nuestro domicilio sin nuestra autorización, aunque esa persona argumente que dicha intrusión es en aras de lograr una vida digna y decorosa. El problema es que son situaciones que bajo ninguna circunstancia pueden ser tomadas como análogas, puesto que la migración implica el derecho a la libertad de tránsito, y traspasar una frontera no constituye la invasión a la propiedad privada, puesto que el territorio de un país es público, mientras que el ingresar a una casa sin autorización del dueño si implica la invasión a la propiedad privada de un particular.

Si bien Estados Unidos puede considerar el cruce de la frontera sin documentos, como una visa, como un delito, también es cierto que eso constituye una violación a los estándares internacionales en dicha materia que dicen que se puede otorgar un trato diferenciado a los nacionales de los migrantes indocumentados, siempre y cuando dicho trato sea razonable, proporcional, objetivo y no lesione derechos humanos. Las autoridades deben tener siempre presente que los derechos humanos no están vinculados a la nacionalidad de una persona, sino a la persona en sí misma, por lo que los derechos no se pierden por el simple hecho de salir de su país de origen.

Sé que las probabilidades de que el presidente de Estados Unidos lea estas líneas son prácticamente nulas, pero hago un atento llamado a las autoridades migratorias de nuestro vecino país del norte para que respeten los derechos humanos de los niños, las niñas y de todos los migrantes que se encuentran en su territorio, porque su único delito es buscar un mejor nivel de vida.


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