Alberto Chiu
Alberto Chiu

Las redes sociales, como sabemos, sirven tanto para dar información inmediata a sus usuarios, como para difundir las llamadas fake–news (noticias falsas), o para facilitar las comunicaciones inmediatas entre personas. Como todos los medios de comunicación, tienen su doble filo y mucho depende del uso que se les dé, para generar confianza en la sociedad, o para acabar de echarla al basurero.

En días pasados, fue gracias a las redes sociales que se difundió un presunto caso de “intento de compra de voluntades”, o también “intento de coacción” para que un candidato no oficial diera el brinco o cediera en su interés, a cambio de un dinero que le ofrecían “a nombre del gobernador”. Al menos esa fue la versión que circuló y que en cierto modo se viralizó localmente.

Ayer el gobernador Alejandro Tello Cristerna respondió ante estos supuestos, y dijo mediante un comunicado de prensa oficial que “no hay actos de corrupción o de negocios al interior del Gobierno de Zacatecas que vaya avalado por mí, se los garantizo al 100 por ciento; hay mucha gente que puede hablar a mi nombre, pero no es así”.

Es loable, sin duda, que el mandatario reitere que en su gobierno no hay actos de corrupción avalados por él. Lo triste del asunto es que, de acuerdo con testimonios de quienes han sido víctimas de ello, sí hay funcionarios de su gobierno que, al amparo de que supuestamente hacen las cosas “por órdenes desde arriba”, efectivamente llevan a cabo actos como el intento de cobro de moches o mordidas, diezmos, intercambio de favores, y más.

Cierto, tal vez el gobernador no permite que se hable en su nombre, pero… ¿cuántos de sus funcionarios de primero o segundo nivel no habrán intentado ya convencer a alguien de que sus palabras y órdenes provienen directamente del jefe de las instituciones estatales? No son pocos los casos de quienes, plagados de soberbia, son capaces de decir, jurar y asegurar que lo que dicen es por órdenes del gobernador… aunque no sea cierto. Es una práctica ampliamente conocida y llevada a cabo desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando falta un control estricto de la estructura gubernamental, y flaquea el liderazgo sobre quienes la conforman.

No me queda duda de que el gobernador Tello es bienintencionado y pretende tener una administración transparente que le dé respuestas a la sociedad. Y me quedo con el mensaje que dirigió a los encargados de las Unidades de Transparencia de su gobierno, cuando les dijo que “…quiero, compañeros, que se sientan parte de un equipo, que me digan lo que pasa en el Gobierno, que no me oculten nada”.

Pero al mismo tiempo, pienso que se los dijo porque ya se dio cuenta, precisamente, de que quizá le estén ocultando las cosas. O al menos algunas cosas. Y que quizá las estén ocultando por miedo a verse involucrados (sí, ellos, quienes están vigilando la transparencia) en actos de corrupción con sus respectivos jefes inmediatos o sus propios compañeros de oficina. Ustedes disculparán, uno es malpensado y eso me parece.

A estas alturas, y justo cuando está por terminar el periodo de campañas, ya casi de frente a la jornada electoral del próximo 1 de julio, no puedo evitar preguntarme cuántas veces algún funcionario, en el peor ánimo de “quedar bien” –quizás con el partido, quizás con sus propios intereses–, ha soltado cualquier cantidad de promesas y compromisos a nombre del gobernador, sin que éste lo sepa.

Y obviamente, esa pregunta me lleva a la siguiente: si el gobernador ya se dio cuenta de que andan sus funcionarios prometiendo o comprometiéndose en su nombre, ¿qué hará entonces para sancionarlos no sólo conforme a la ley, sino también conforme a lo que él espera de sus colaboradores y de lo que quiere dejar como legado de su administración? Ojalá esa garantía que nos ha ofrecido, la refrende también con acciones que marquen alto a los excesos de otros.


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